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JOSÉ ALFREDO MADUEÑO La aprobación del reglamento para la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC), por parte de la comisión especial del Congreso de la República, ha generado preocupación en diversos analistas que sostienen que el proceso tendría que llevarse a cabo el próximo año, por el próximo Congreso elegido. La abogada Cruz Silva del Carpio advirtió que no solo el contenido del texto del reglamento resulta cuestionable, sino también el proceso de deliberación del debate para su aprobación. “Se han observado diversas cosas preocupantes. Primero, llama la atención que se haya negado información al congresista Gino Costa cuando preguntó con quién se había asesorado el presidente de la comisión para hacer aportes al reglamento. Eso no fue respondido, y es inaceptable que no se brinde ese tipo de información hacia un congresista. Otro punto flojo es el manejo del debate: en las dos últimas sesiones se ha advertido un debate engorroso y confuso porque las peticiones de los congresistas al parecer no eran bien entendidas, y al votar los congresistas terminaban preguntando cuál era la pregunta. Entonces hay una mala conducción del debate que no ayuda a la claridad”, señaló. CASI COMO EN EL CNM Además, cuestionó que se haya otorgado 85 puntos a la etapa de evaluación curricular, y solo 15 puntos a la entrevista personal. “La evaluación curricular considera títulos, años y no calidad de experiencia, y las investigaciones realizadas. Es decir, ahí entra cualquiera que pueda pagar un título en algún lugar, porque no es que estén exigiendo que provengan de universidades con cierto reconocimiento. ¿Cómo sabemos si las maravillas que dicen los doctorados y los libros reflejan el conocimiento de los candidatos? Es un sistema similar al del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, apuntó. A su criterio, hace falta en el proceso incluir una exposición oral donde los candidatos den respuesta a un caso que exija una reflexión y razonamiento jurídico constitucional. “Según el reglamento aprobado, después de la sumatoria de puntos, se colocan en el cuadro de méritos y se envía al Pleno. Es una sumatoria fría de puntajes y uno se pregunta ¿dónde quedó la evaluación de si el candidato es independiente o imparcial, si tiene conflictos de interés? Podrían decir en la entrevista personal, pero esta etapa solo pesa 15 puntos. Entonces le han dado demasiado peso a la evaluación curricular, de forma peligrosa, y el único espacio limitado que queda es el de las tachas, que en un plazo de diez días los ciudadanos pueden realizar en caso de cuestionamientos a la idoneidad moral o trayectoria”, manifestó. NO SE EVALUARÁN ANTECEDENTES Por otro lado, cuestionó que el reglamento tampoco permita que se cuestionen las sentencias emitidas por los candidatos durante su trayectoria. “¿Entonces, de qué nos vamos a quejar si las sentencias son el principal producto de un juez, qué se va a evaluar si no son las sentencias que hayan emitido los candidatos?”, se preguntó. También se refirió a la idoneidad moral de quienes realizarán la evaluación. “Esto de que el evaluador no puede exigir al evaluado condiciones mínimas que él no cumple, es casi la regla de la experiencia en los concursos de autoridades en el sistema de justicia. Y en caso de no cumplirse va contra los objetivos del concurso. ¿Que postulante capaz va a someterse a un concurso donde su evaluador tenga problemas de idoneidad moral?”, cuestionó. CONFLICTO DE INTERÉS Respecto a un posible conflicto de interés por parte de algunas bancadas congresales, refirió que estos se determinan de acuerdo a cada caso. “Hay escenarios que evidencian un mayor riesgo de interferencia política partidaria en una selección de magistrados jurisdiccionales. Si el congreso que propuso vacar a Vizcarra, sin seguir el debido proceso y no siguió su propio reglamento, no sé qué garantías pueda dar de que si lo cumplirá en la elección de los magistrados del TC. Y va a ser este Congreso el que elija a estos magistrados que por un tema de tiempos podría resolver estos temas de la contienda competencial”, indicó. “Viendo estas características, obviamente hay un conflicto de intereses, porque son las mismas bancadas que han encrespado el escenario político las que van a elegir a los tribunos que pueden definir encima el caso por el que ellos han sido denunciados”, enfatizó. Finalmente, recordó que al Congreso solo le basta cambiar a tres magistrados para tener un TC alineado a cierta tendencia política. Como ejemplo, citó que en el caso de la reciente sentencia favorable a la Sunat, solo los magistrados Ledesma, Espinosa Saldaña y Ramos votaron a favor del Estado. “Este es un caso donde está debatiéndose no solo un reglamento o una elección, sino las propias bases democráticas del país. Se debate si se va a dejar que se nombren magistrados que tengan influencias con partidos políticos interesados. Esto ya es materia de una fiscalización que debería realizar la Defensoría del Pueblo, que ya debería haberse pronunciado. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una serie de resoluciones durante la pandemia donde indica que los Estados están obligados a mantener las bases democráticas. La pregunta es: ¿esta elección aporta a las bases democráticas? En ese sentido, la CIDH bien podría expresar con altavoces su preocupación”, concluyó. JOSÉ ALFREDO MADUEÑO La aprobación del reglamento para la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC), por parte de la comisión especial del Congreso de la República, ha generado preocupación en diversos analistas que sostienen que el proceso tendría que llevarse a cabo el próximo año, por el próximo Congreso elegido. La abogada Cruz Silva del Carpio advirtió que no solo el contenido del texto del reglamento resulta cuestionable, sino también el proceso de deliberación del debate para su aprobación. “Se han observado diversas cosas preocupantes. Primero, llama la atención que se haya negado información al congresista Gino Costa cuando preguntó con quién se había asesorado el presidente de la comisión para hacer aportes al reglamento. Eso no fue respondido, y es inaceptable que no se brinde ese tipo de información hacia un congresista. Otro punto flojo es el manejo del debate: en las dos últimas sesiones se ha advertido un debate engorroso y confuso porque las peticiones de los congresistas al parecer no eran bien entendidas, y al votar los congresistas terminaban preguntando cuál era la pregunta. Entonces hay una mala conducción del debate que no ayuda a la claridad”, señaló. CASI COMO EN EL CNM Además, cuestionó que se haya otorgado 85 puntos a la etapa de evaluación curricular, y solo 15 puntos a la entrevista personal. “La evaluación curricular considera títulos, años y no calidad de experiencia, y las investigaciones realizadas. Es decir, ahí entra cualquiera que pueda pagar un título en algún lugar, porque no es que estén exigiendo que provengan de universidades con cierto reconocimiento. ¿Cómo sabemos si las maravillas que dicen los doctorados y los libros reflejan el conocimiento de los candidatos? Es un sistema similar al del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, apuntó. A su criterio, hace falta en el proceso incluir una exposición oral donde los candidatos den respuesta a un caso que exija una reflexión y razonamiento jurídico constitucional. “Según el reglamento aprobado, después de la sumatoria de puntos, se colocan en el cuadro de méritos y se envía al Pleno. Es una sumatoria fría de puntajes y uno se pregunta ¿dónde quedó la evaluación de si el candidato es independiente o imparcial, si tiene conflictos de interés? Podrían decir en la entrevista personal, pero esta etapa solo pesa 15 puntos. Entonces le han dado demasiado peso a la evaluación curricular, de forma peligrosa, y el único espacio limitado que queda es el de las tachas, que en un plazo de diez días los ciudadanos pueden realizar en caso de cuestionamientos a la idoneidad moral o trayectoria”, manifestó. NO SE EVALUARÁN ANTECEDENTES Por otro lado, cuestionó que el reglamento tampoco permita que se cuestionen las sentencias emitidas por los candidatos durante su trayectoria. “¿Entonces, de qué nos vamos a quejar si las sentencias son el principal producto de un juez, qué se va a evaluar si no son las sentencias que hayan emitido los candidatos?”, se preguntó. También se refirió a la idoneidad moral de quienes realizarán la evaluación. “Esto de que el evaluador no puede exigir al evaluado condiciones mínimas que él no cumple, es casi la regla de la experiencia en los concursos de autoridades en el sistema de justicia. Y en caso de no cumplirse va contra los objetivos del concurso. ¿Que postulante capaz va a someterse a un concurso donde su evaluador tenga problemas de idoneidad moral?”, cuestionó. CONFLICTO DE INTERÉS Respecto a un posible conflicto de interés por parte de algunas bancadas congresales, refirió que estos se determinan de acuerdo a cada caso. “Hay escenarios que evidencian un mayor riesgo de interferencia política partidaria en una selección de magistrados jurisdiccionales. Si el congreso que propuso vacar a Vizcarra, sin seguir el debido proceso y no siguió su propio reglamento, no sé qué garantías pueda dar de que si lo cumplirá en la elección de los magistrados del TC. Y va a ser este Congreso el que elija a estos magistrados que por un tema de tiempos podría resolver estos temas de la contienda competencial”, indicó. “Viendo estas características, obviamente hay un conflicto de intereses, porque son las mismas bancadas que han encrespado el escenario político las que van a elegir a los tribunos que pueden definir encima el caso por el que ellos han sido denunciados”, enfatizó. Finalmente, recordó que al Congreso solo le basta cambiar a tres magistrados para tener un TC alineado a cierta tendencia política. Como ejemplo, citó que en el caso de la reciente sentencia favorable a la Sunat, solo los magistrados Ledesma, Espinosa Saldaña y Ramos votaron a favor del Estado. “Este es un caso donde está debatiéndose no solo un reglamento o una elección, sino las propias bases democráticas del país. Se debate si se va a dejar que se nombren magistrados que tengan influencias con partidos políticos interesados. Esto ya es materia de una fiscalización que debería realizar la Defensoría del Pueblo, que ya debería haberse pronunciado. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una serie de resoluciones durante la pandemia donde indica que los Estados están obligados a mantener las bases democráticas. La pregunta es: ¿esta elección aporta a las bases democráticas? En ese sentido, la CIDH bien podría expresar con altavoces su preocupación”, concluyó.

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Otro punto flojo es el manejo del debate: en las dos últimas sesiones se ha advertido un debate engorroso y confuso porque las peticiones de los congresistas al parecer no eran bien entendidas, y al votar los congresistas terminaban preguntando cuál era la pregunta. Entonces hay una mala conducción del debate que no ayuda a la claridad”, señaló. CASI COMO EN EL CNM Además, cuestionó que se haya otorgado 85 puntos a la etapa de evaluación curricular, y solo 15 puntos a la entrevista personal. “La evaluación curricular considera títulos, años y no calidad de experiencia, y las investigaciones realizadas. Es decir, ahí entra cualquiera que pueda pagar un título en algún lugar, porque no es que estén exigiendo que provengan de universidades con cierto reconocimiento. ¿Cómo sabemos si las maravillas que dicen los doctorados y los libros reflejan el conocimiento de los candidatos? Es un sistema similar al del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, apuntó. A su criterio, hace falta en el proceso incluir una exposición oral donde los candidatos den respuesta a un caso que exija una reflexión y razonamiento jurídico constitucional. “Según el reglamento aprobado, después de la sumatoria de puntos, se colocan en el cuadro de méritos y se envía al Pleno. Es una sumatoria fría de puntajes y uno se pregunta ¿dónde quedó la evaluación de si el candidato es independiente o imparcial, si tiene conflictos de interés? Podrían decir en la entrevista personal, pero esta etapa solo pesa 15 puntos. Entonces le han dado demasiado peso a la evaluación curricular, de forma peligrosa, y el único espacio limitado que queda es el de las tachas, que en un plazo de diez días los ciudadanos pueden realizar en caso de cuestionamientos a la idoneidad moral o trayectoria”, manifestó. NO SE EVALUARÁN ANTECEDENTES Por otro lado, cuestionó que el reglamento tampoco permita que se cuestionen las sentencias emitidas por los candidatos durante su trayectoria. “¿Entonces, de qué nos vamos a quejar si las sentencias son el principal producto de un juez, qué se va a evaluar si no son las sentencias que hayan emitido los candidatos?”, se preguntó. También se refirió a la idoneidad moral de quienes realizarán la evaluación. “Esto de que el evaluador no puede exigir al evaluado condiciones mínimas que él no cumple, es casi la regla de la experiencia en los concursos de autoridades en el sistema de justicia. Y en caso de no cumplirse va contra los objetivos del concurso. ¿Que postulante capaz va a someterse a un concurso donde su evaluador tenga problemas de idoneidad moral?”, cuestionó. CONFLICTO DE INTERÉS Respecto a un posible conflicto de interés por parte de algunas bancadas congresales, refirió que estos se determinan de acuerdo a cada caso. “Hay escenarios que evidencian un mayor riesgo de interferencia política partidaria en una selección de magistrados jurisdiccionales. Si el congreso que propuso vacar a Vizcarra, sin seguir el debido proceso y no siguió su propio reglamento, no sé qué garantías pueda dar de que si lo cumplirá en la elección de los magistrados del TC. Y va a ser este Congreso el que elija a estos magistrados que por un tema de tiempos podría resolver estos temas de la contienda competencial”, indicó. “Viendo estas características, obviamente hay un conflicto de intereses, porque son las mismas bancadas que han encrespado el escenario político las que van a elegir a los tribunos que pueden definir encima el caso por el que ellos han sido denunciados”, enfatizó. Finalmente, recordó que al Congreso solo le basta cambiar a tres magistrados para tener un TC alineado a cierta tendencia política. Como ejemplo, citó que en el caso de la reciente sentencia favorable a la Sunat, solo los magistrados Ledesma, Espinosa Saldaña y Ramos votaron a favor del Estado. “Este es un caso donde está debatiéndose no solo un reglamento o una elección, sino las propias bases democráticas del país. Se debate si se va a dejar que se nombren magistrados que tengan influencias con partidos políticos interesados. Esto ya es materia de una fiscalización que debería realizar la Defensoría del Pueblo, que ya debería haberse pronunciado. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una serie de resoluciones durante la pandemia donde indica que los Estados están obligados a mantener las bases democráticas. La pregunta es: ¿esta elección aporta a las bases democráticas? En ese sentido, la CIDH bien podría expresar con altavoces su preocupación”, concluyó. JOSÉ ALFREDO MADUEÑO La aprobación del reglamento para la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC), por parte de la comisión especial del Congreso de la República, ha generado preocupación en diversos analistas que sostienen que el proceso tendría que llevarse a cabo el próximo año, por el próximo Congreso elegido. La abogada Cruz Silva del Carpio advirtió que no solo el contenido del texto del reglamento resulta cuestionable, sino también el proceso de deliberación del debate para su aprobación. “Se han observado diversas cosas preocupantes. Primero, llama la atención que se haya negado información al congresista Gino Costa cuando preguntó con quién se había asesorado el presidente de la comisión para hacer aportes al reglamento. Eso no fue respondido, y es inaceptable que no se brinde ese tipo de información hacia un congresista. Otro punto flojo es el manejo del debate: en las dos últimas sesiones se ha advertido un debate engorroso y confuso porque las peticiones de los congresistas al parecer no eran bien entendidas, y al votar los congresistas terminaban preguntando cuál era la pregunta. Entonces hay una mala conducción del debate que no ayuda a la claridad”, señaló. CASI COMO EN EL CNM Además, cuestionó que se haya otorgado 85 puntos a la etapa de evaluación curricular, y solo 15 puntos a la entrevista personal. “La evaluación curricular considera títulos, años y no calidad de experiencia, y las investigaciones realizadas. Es decir, ahí entra cualquiera que pueda pagar un título en algún lugar, porque no es que estén exigiendo que provengan de universidades con cierto reconocimiento. ¿Cómo sabemos si las maravillas que dicen los doctorados y los libros reflejan el conocimiento de los candidatos? Es un sistema similar al del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, apuntó. A su criterio, hace falta en el proceso incluir una exposición oral donde los candidatos den respuesta a un caso que exija una reflexión y razonamiento jurídico constitucional. “Según el reglamento aprobado, después de la sumatoria de puntos, se colocan en el cuadro de méritos y se envía al Pleno. Es una sumatoria fría de puntajes y uno se pregunta ¿dónde quedó la evaluación de si el candidato es independiente o imparcial, si tiene conflictos de interés? Podrían decir en la entrevista personal, pero esta etapa solo pesa 15 puntos. Entonces le han dado demasiado peso a la evaluación curricular, de forma peligrosa, y el único espacio limitado que queda es el de las tachas, que en un plazo de diez días los ciudadanos pueden realizar en caso de cuestionamientos a la idoneidad moral o trayectoria”, manifestó. 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CONFLICTO DE INTERÉS Respecto a un posible conflicto de interés por parte de algunas bancadas congresales, refirió que estos se determinan de acuerdo a cada caso. “Hay escenarios que evidencian un mayor riesgo de interferencia política partidaria en una selección de magistrados jurisdiccionales. Si el congreso que propuso vacar a Vizcarra, sin seguir el debido proceso y no siguió su propio reglamento, no sé qué garantías pueda dar de que si lo cumplirá en la elección de los magistrados del TC. Y va a ser este Congreso el que elija a estos magistrados que por un tema de tiempos podría resolver estos temas de la contienda competencial”, indicó. “Viendo estas características, obviamente hay un conflicto de intereses, porque son las mismas bancadas que han encrespado el escenario político las que van a elegir a los tribunos que pueden definir encima el caso por el que ellos han sido denunciados”, enfatizó. Finalmente, recordó que al Congreso solo le basta cambiar a tres magistrados para tener un TC alineado a cierta tendencia política. Como ejemplo, citó que en el caso de la reciente sentencia favorable a la Sunat, solo los magistrados Ledesma, Espinosa Saldaña y Ramos votaron a favor del Estado. “Este es un caso donde está debatiéndose no solo un reglamento o una elección, sino las propias bases democráticas del país. Se debate si se va a dejar que se nombren magistrados que tengan influencias con partidos políticos interesados. Esto ya es materia de una fiscalización que debería realizar la Defensoría del Pueblo, que ya debería haberse pronunciado. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una serie de resoluciones durante la pandemia donde indica que los Estados están obligados a mantener las bases democráticas. La pregunta es: ¿esta elección aporta a las bases democráticas? En ese sentido, la CIDH bien podría expresar con altavoces su preocupación”, concluyó.

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