La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, logró confirmar la sentencia de cuatro años de prisión contra Miguel Ángel Saldaña Reátegui, Jorge Ávalos, Lourdes Sánchez, Juan Amézquita y Alejandro Odar, acusados de negociación incompatible en detrimento de la Municipalidad Distrital de Comas.
Los hechos se remontan a 2017, cuando Mall Plaza Inmobiliaria S.A. solicitó la habilitación urbana para uso comercial y la licencia de edificación del Centro Comercial Mall Plaza Comas, buscando un trámite acelerado y favorable.
En sus argumentos plenamente sustentados por la fiscal adjunta superior Leidy Diana Cherrapano Collantes, demostró que los servidores municipales aprobaron la solicitud sin exigir los estudios de impacto ambiental y vial que la normativa establece como obligatorios.
Además, se estableció que, en el transcurso del proceso, la empresa entregó 200 toneladas de rocas a la municipalidad para obras de prevención en el río Chillón, un hecho que evidencia la existencia de un interés indebido que comprometió la transparencia del procedimiento.
Cada uno de los imputados tuvo un rol específico en los actos ilícitos: Miguel Saldaña, exalcalde del distrito, no ejerció el control necesario sobre los trámites; Jorge Ávalos, exgerente de Planeamiento Urbano, firmó la aprobación de la habilitación; Juan Amézquita, exgerente de Obras Privadas, autorizó la licencia de edificación; y Lourdes Sánchez junto a Alejandro Odar elaboraron los informes que favorecieron el proyecto.
La condena inicial de cuatro años de prisión efectiva impuesta a Miguel Ángel Saldaña, Jorge Ávalos, Lourdes Sánchez, Juan Amézquita y Alejandro Odar ha sido modificada. Ahora, los cinco exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Comas deberán cumplir 208 días de trabajo comunitario por el delito de negociación incompatible en el caso del Centro Comercial Mall Plaza Comas.
Además de la medida alternativa a la prisión, se les ha impuesto una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier cargo público. Asimismo, deberán abonar de forma solidaria la suma de 40 000 soles como reparación civil al Estado, como compensación por los perjuicios causados por los actos ilícitos.
María del Carmen Ruiz, Fiscal Superior a cargo de la dependencia, enfatizó que este fallo es un ejemplo más del compromiso del Ministerio Público con la lucha contra la corrupción. La Fiscalía continuará impulsando acciones para garantizar que se haga justicia y se protejan los bienes del Estado en la región.
