La empresa estatal analiza vender, arrendar o ceder el edificio principal ubicado en Canaval y Moreyra junto con otros 59 inmuebles para optimizar su patrimonio
Petroperú decidió incluir su sede principal de San Isidro en la lista de activos no necesarios y no estratégicos. El edificio ubicado en la avenida Canaval y Moreyra N.º 150 forma parte de un proceso de optimización patrimonial que busca mejorar la eficiencia financiera de la estatal. La empresa evalúa vender, arrendar o ceder el uso de este inmueble junto con otras 59 propiedades bajo asistencia técnica de Proinversión.
Convenio con Proinversión para definir el futuro de los inmuebles
El 18 de julio de 2025, Petroperú firmó un convenio con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. Proinversión revisará la información de cada propiedad y elaborará un diagnóstico técnico. Este análisis determinará qué modalidad de gestión resulta más conveniente para cada inmueble.
La evaluación se enmarca en el Decreto de Urgencia N.º 013-2024. Esta norma contempla varias alternativas: venta, arrendamiento, cesión de uso u otras opciones viables. Cada decisión dependerá del análisis técnico y económico de las propiedades.
Sesenta propiedades bajo la lupa
Además de la sede principal, otros 59 activos de Petroperú atraviesan el mismo proceso de evaluación. La empresa busca identificar qué inmuebles no resultan estratégicos para su operación petrolera. Esta clasificación permite concentrar recursos en áreas prioritarias del negocio.
La inclusión de la sede central refleja un cambio en la gestión patrimonial. Petroperú prioriza ahora la eficiencia sobre el valor simbólico de mantener edificios emblemáticos. El proceso responde a la necesidad de sostener financieramente a la estatal.
Búsqueda de sostenibilidad financiera
Petroperú presenta esta optimización como una medida clave para su sostenibilidad. La empresa argumenta que gestionar mejor su patrimonio inmobiliario libera recursos. Estos fondos podrían destinarse a operaciones centrales o reducir pasivos.
La estatal subraya su compromiso con la transparencia y la eficiencia. Afirma que las decisiones buscan el bienestar del Estado mediante una gestión responsable de recursos públicos. La colaboración con Proinversión apunta a maximizar los beneficios económicos del proceso.
El criterio técnico guía las decisiones según Petroperú. La empresa descarta motivaciones políticas o improvisadas. Sin embargo, el proceso ocurre en un contexto de crisis financiera que ha obligado a múltiples rescates estatales de la petrolera en años recientes.
