El pleno extendió el Reinfo por dos años más para evitar la exclusión automática de miles de operadores, mientras el Ejecutivo exige restricciones que perpetuarían la informalidad.
El Congreso de la República aprobó en primera votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida obtuvo 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, respondiendo a la necesidad de garantizar la continuidad del proceso para miles de pequeños mineros que iniciaron trámites pero que el Estado no ha logrado formalizar. El Poder Ejecutivo amenaza con observar la norma, exigiendo restricciones que dejarían fuera a 50,000 mineros y limitarían la extensión a solo un año.
Una decisión necesaria ante el fracaso institucional
El dictamen establece que el proceso estará vigente hasta fines de 2026 o hasta que entre en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y su reglamento, lo que ocurra primero. El texto volverá a votación tras siete días calendario. Durante la extensión, el Ministerio de Energía y Minas coordinará con los gobiernos regionales para simplificar procedimientos y fortalecer capacidades institucionales que han fallado sistemáticamente.
Víctor Cutipa Ccama, presidente de la Comisión de Energía y Minas, argumentó que la medida responde «a la necesidad objetiva de garantizar la continuidad del proceso de formalización minera integral en el país». Señaló que miles de pequeños mineros permanecen en la informalidad pese a haber iniciado trámites. Cutipa advirtió que sin la ampliación, este sector quedaría excluido automáticamente. El Estado no cumplió con facilitar el proceso. Castigar a los mineros por la ineficiencia estatal carece de sentido.
El Ejecutivo impone restricciones arbitrarias
El premier Ernesto Álvarez declaró que el Ejecutivo plantea «dos puntos no negociables: postergar hasta por un año la vigencia del Reinfo, para evitar que se convierta en un pretexto para la minería ilegal, que no tiene afán de formalizarse; y el no retorno de los 50,000 mineros excluidos del proceso». Advirtió que si el dictamen no se adecúa a esta posición, será observado.
La postura del Ejecutivo ignora que fueron las deficiencias del propio aparato estatal las que impidieron completar la formalización. Miles de operadores iniciaron trámites cumpliendo requisitos. El Estado no respondió con eficiencia. Ahora pretende castigarlos negándoles tiempo y excluyendo a 50,000 que ya fueron apartados. Un año resultaría insuficiente si el aparato estatal mantiene su ritmo actual. La segunda votación definirá si prevalece un enfoque realista o una postura punitiva que culpa a los mineros por el fracaso institucional.
