Mientras algunos gremios exigen justicia inmediata por la violencia, las empresas formales rechazan la paralización y apuestan por mantener el diálogo con el gobierno de Jerí
El sector del transporte urbano en Lima y Callao enfrenta una profunda división ante el paro convocado para este martes 4 de noviembre. Asociaciones como Transportistas Unidos confirmaron la paralización total de sus operaciones mediante el «apagado de motores», mientras otros gremios formales descartan sumarse y priorizan continuar las negociaciones con el Ejecutivo. La medida nace como respuesta a los recientes asesinatos de choferes y la persistente extorsión que golpea al sector, incluso bajo el estado de emergencia vigente.
La protesta: duelo y desesperación
Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, explicó que el paro consistirá en una «marcha moderada» como señal de duelo por los conductores asesinados. «Esta decisión nace de la desesperación. ¿Qué acto es más simbólico si nosotros estamos muriendo?», declaró. El dirigente enfatizó que la protesta debe desarrollarse de forma pacífica, sin bloqueos ni actos vandálicos.
Entre los gremios que participarán figuran Conet Perú, cuyo presidente Julio Raurau denunció que casi el 100% de las empresas urbanas sufre extorsión. «El que no paga recibe amenazas o pasquines, y si no cumple, ejecutan el crimen», advirtió. La Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP) ratificó su adhesión por 24 horas, señalando que «en solo 48 horas, dos conductores han sido víctimas mortales».
Empresas como Nueva América y Transporte Unido del Cono Este suspenderán el servicio y exigen apoyo económico para las familias de los conductores asesinados. «Una pensión mensual y beneficios para las madres e hijos de todos los conductores abatidos», solicitaron públicamente.
Los que rechazan la paralización
La Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao rechazó categóricamente el paro. Su presidente, Ricardo Pareja, sostuvo que el 95% de las empresas formales mantendrán sus operaciones. «Es incoherente interrumpir el servicio cuando existe una mesa de diálogo activa con el Ministerio de Transportes», argumentó tras reunirse con el ministro Aldo Prieto.
Estas agrupaciones, que representan aproximadamente 280 empresas, decidieron otorgar un margen de confianza al gobierno interino de José Jerí. Héctor Vargas, de la Coordinadora de Transporte, reafirmó que le están dando tiempo al Ejecutivo para atender el problema criminal. También pidió garantías policiales para que los transportistas puedan trabajar sin sufrir ataques.
La fragmentación del sector quedó expuesta con esta disputa entre quienes demandan acciones inmediatas contra la violencia y aquellos que prefieren agotar la vía del diálogo institucional.
