Magistrada confirma ausencia de vías alternas adecuadas y cita precedente del TC sobre corrupción de Villarán con Odebrecht
Un nuevo revés judicial golpea a las concesionarias brasileñas en el Perú. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac ordenó suspender el cobro de dos peajes que Rutas de Lima operaba en Villa El Salvador y Punta Negra. La decisión representa otra victoria ciudadana contra los contratos manchados por la corrupción de Odebrecht.
Inspecciones judiciales confirman violación a libertad de tránsito
La magistrada Merari Trujillo Padilla aceptó parcialmente el habeas corpus presentado por la Municipalidad de Santa María del Mar. La jueza fundamentó su fallo en la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló las casetas de Puente Piedra. Ese precedente estableció que cobrar peajes sin vías alternas adecuadas viola derechos fundamentales.
Las inspecciones realizadas los días 3 y 4 de julio, y 1 y 2 de octubre de 2025, fueron claves para la decisión judicial. La magistrada constató personalmente la «restricción irrazonable y desproporcionada al derecho fundamental a la Libertad de Tránsito». Los residentes de Santa María del Mar quedaban atrapados sin opciones reales de circulación.
La antigua Panamericana Sur no califica como alternativa
La Resolución 16, fechada el trece de octubre, es contundente: no existe una vía subalterna paralela y eficiente. La antigua Panamericana Sur, presentada por Rutas de Lima como alternativa, no conecta toda la ruta concesionada. Además, obliga a los vecinos a transitar a velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora, mientras la vía concesionada permite 80 kilómetros por hora.
El golpe económico para los residentes era brutal. Cada viaje les costaba 15 soles entre ida y vuelta. La jueza determinó que esta «doble afectación económica y temporal» convertía la supuesta alternativa en una opción «desproporcionada e inidónea».
Sombra de corrupción persigue al contrato
El Tribunal Constitucional señaló que el proceso penal pendiente contra Susana Villarán justifica sospechar que la exalcaldesa favoreció delictivamente a Odebrecht en 2012. Mientras ese juicio no concluya, las decisiones de aquella gestión siguen bajo la lupa de los tribunales. Isabel Tello, abogada de Rutas de Lima, intentó restringir y anular las inspecciones judiciales, pero fracasó.
La Municipalidad Metropolitana de Lima declaró este caso como «Día de la reivindicación de la libertad de tránsito». Ahora exigen que el presidente José Jerí enfrente a Odebrecht y Brookfield con firmeza.
