Ingenieros advierten que acarrean sobrecostos en las obras, no están libres de corrupción y no cumplen con cronogramas.
La modificación inmediata de los contratos de Gobierno a Gobierno (G2G) demandó hoy la Asociación Peruana de Consultoría (APC) al Congreso de la República, debido a que no están exentos de corrupción y no han dado los resultados esperados.
El presidente de la APC, Ing. Elías Tapia, solicitó a los congresistas emitir una ley que prohíba el mecanismo del G2G para obras que no la necesitan, como es la construcción de colegios, carreteras, represas y otras obras menores.
“El sistema de gobierno a gobierno debe utilizarse solo para obras estratégicas que requieran de real transferencia de tecnología como -por ejemplo- la línea 2 del Metro de Lima que implica túneles y trenes sin conductores”, comentó.
“Con la actual ley se está abusando de este tipo de contratos. Se utilizan para casi todo tipo de obras públicas, sin tener en cuenta el sobre costo del 8 por ciento que es pagado por el Estado peruano a otro extranjero, sin que este aporte un solo Sol”, indicó.
El vocero de los ingenieros consultores de obras dijo ello constituye un verdadero derroche del erario nacional cuando se trata de obras menores como colegios o carreteras, “que toda la vida los profesionales peruanos hemos podido construir”.
Prueba de eso lo constituyen las grandes unidades escolares construidas en tiempo de Odria, la represa Chira-Piura, Majes – Sihuas y toda la red vial del país, sin necesidad de pagar sobrecosto y sin contratiempos, acotó.
“Los congresistas tienen que cumplir con fiscalizar que el Ejecutivo no dilapide los escasos recursos del Estado, deben apuntar a los contratos gobierno a gobierno”, advirtió.
Tapia consideró que la preferencia por este tipo de contrato se debe a que supuestamente hubo rapidez para la construcción de la infraestructura de los Juegos Panamericanos y a que se evitaba la corrupción. Sin embargo, enfatizó, la verdad es que en la mayoría de estos contratos no cumplen con los cronogramas propuestos y asoma la corrupción.
“Una demostración de ese desastre son las obras de reconstrucción de los daños causados por el Fenómeno de El Niño Costero de 2017, en donde en más de seis años no se han concluido las obras en el norte del país”, remarcó al tiempo de destacar que ya se pagó el 10 por ciento de la inversión a Reino Unido, pero no se llega siquiera al 40 por ciento del avance. Lo mismo sucede con el aeropuerto de Chincheros, Cusco, que ya se pagó el 6 por ciento al Estado coreano, pero solo tiene un 30 por ciento de avance en 5 años.
Empresas investigadas
Indicó que con el mecanismo G2G se buscaba también obras libres de corruptelas, pero los hechos demuestran lo contrario. Citó el caso de la empresa China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) sucursal del Perú a la que se le adjudicó -bajo la modalidad G2G con Reino Unido- la construcción de cuatro escuelas bicentenario por más de S/ 320 millones, pese a que es investigada por corrupción en por una comisión investigadora del Parlamento y la Fiscalía.
Recordó también el caso de algunos contratos G2G con Francia suscritos con la empresa Egis, que ha sido inhabilitada desde el 2 de marzo del presente año por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejercer sus actividades hasta el 2 de enero de 2027 por prácticas fraudulentas y corruptas relacionadas con la supervisión de obras de agua y saneamiento en Panamá.
En el Perú dicha empresa está a cargo de la construcción de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa que dará acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez.
