El Pleno del Congreso de la República aprobó inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública, como sugería el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), a la exparlamentaria fujimorista Yesenia Ponce, a quien se le atribuyen hasta la comisión de tres presuntos delitos. Este caso surgió a raíz de que se conoció que la exfuncionaria presentó certificados de estudios falsos ante el Jurado Especial Electoral de Huaraz.
El pleno aprobó el proyecto de resolución legislativa 5437, que inhabilita por 10 años del ejercicio de la función pública a la excongresista Yesenia Ponce, como recomendaba el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Con 86 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, la representación nacional admitió la sanción contra la exparlamentaria por la presunta por infracción del artículo 38 de la Constitución Política.
Con los mismos votos a favor se aprobó la resolución legislativa 5436 declara haber lugar a la formación de causa penal contra la excongresista por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico, falsificación de documentos, y falsedad genérica, en agravio del Estado.
El informe de la denuncia constitucional contra Ponce Villareal concluyó que había presentado información falsa en su declaración jurada de hoja de vida ante el Jurado Especial Electoral de Huaraz, al consignar que sus estudios de educación secundaria los realizó en la institución educativa Luis Fabio Xammar. De acuerdo a la acusación, la exlegisladora habría comprado los certificados de estudio.
Asimismo, se señala que Yesenia Ponce habría obtenido los certificados de cuarto y quinto grado de secundaria tras pagar S/ 10.000 a Daniel Soto Rivera, director del colegio Marcial Toribio de Luzuriaga.
También acusan a la excongresista de supuestamente haber entregado regalos al expresidente de la Comisión de Ética Parlamentaria y a un trabajador de la misma para que se resuelva a su favor el informe de dicha comisión.
Durante la sesión plenaria, Ponce Villareal no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a la defensa y volvió a hacer caso omiso a la convocatoria realizada por la Mesa Directiva del Congreso para que ejerza su defensa, por lo que se consideró su inasistencia como “injustificada”.
