Multas, fraudes y auditorías fallidas rodean a la firma elegida por ProInversión para “salvar” la empresa estatal.
Sigrid Bazán anuncia iniciativa para derogar el Decreto de Urgencia 010-2025.
Mientras que Presidente Jerí deja plantados a sindicatos de la empresa petrolera
Sanciones en EE. UU., China, India, Brasil, México y Europa cuestionan su idoneidad.
La decisión de ProInversión de contratar, durante el último fin de semana, a la firma Deloitte para llevar adelante la reestructuración de Petroperú ha generado una fuerte ola de críticas en el sector energético, sindical y político. La controversia no solo se centra en la falta de transparencia del proceso, sino en el grave conflicto de interés que representa
elegir a la misma consultora que tuvo a su cargo el PMO (Project Management Office) de la Nueva Refinería Talara, proyecto que hoy es señalado como una de las principales fuentes de las pérdidas millonarias de la empresa estatal.
Deloitte fue responsable de la supervisión de la construcción, el inicio de operaciones y el acompañamiento técnico de la Refinería de Talara, una obra que terminó con sobrecostos, retrasos, fallas operativas y un impacto financiero devastador para Petroperú. Pese a ese
antecedente, ProInversión insiste en colocar nuevamente a la consultora en una posición clave, ahora bajo el argumento de una supuesta “reestructuración técnica” amparada en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025.
La polémica se agravó luego de que el expresidente de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, difundiera en su cuenta de LinkedIn un detallado recuento de las irregularidades y sanciones que Deloitte ha enfrentado en distintos países en los últimos años. Entre los casos más graves figuran multas por fraude en exámenes de certificación profesional impuestas por la PCAOB de Estados Unidos, escándalos por el uso irresponsable de inteligencia artificial en informes entregados a gobiernos, acuerdos millonarios por fraude de valores en el caso Scana Corporation, y sanciones en Brasil y China por auditorías falsas, falsificación de documentos y falta de escepticismo profesional.
A esta lista se suman investigaciones abiertas en el Reino Unido por ocho años de auditorías a la minera Glencore, el escándalo del caso Bankia en España, fallos graves en auditorías de grandes grupos financieros en México, sanciones en la India por omisiones en la auditoría de Zee Entertainment, y denuncias internacionales como la de Hindenburg Research, que acusó a Deloitte de haber pasado por alto un fraude masivo en una empresa
nigeriana.
Pese a este extenso prontuario internacional, Deloitte vuelve a ser presentada como “solución” para Petroperú, lo que para especialistas y trabajadores constituye una incongruencia absoluta y una señal clara de que el proceso no apunta a recuperar la empresa, sino a justificar su desmantelamiento y una eventual privatización encubierta.
En paralelo, este martes por la mañana estaba prevista una reunión clave entre el presidente José Jerí, los ministros de Economía y de Energía y Minas, los sindicatos de Petroperú y expertos convocados por los propios trabajadores, con el objetivo de discutir
alternativas al Decreto de Urgencia y explorar salidas que permitan que la empresa continúe operando sin ser vendida por partes. Sin embargo, ni el presidente ni sus ministros asistieron a la cita, lo que fue interpretado como un abierto desprecio al diálogo y a las propuestas técnicas planteadas.
Quien sí tomó la iniciativa fue la congresista Sigrid Bazán, que convocó a un foro de expertos sobre la situación de Petroperú y el impacto del decreto. Al término del encuentro,
la parlamentaria anunció que presentará un proyecto de ley para derogar el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, al considerar que esta norma abre la puerta al debilitamiento y fraccionamiento de la principal empresa petrolera del país.
La contratación de Deloitte por ProInversión, sumada a la ausencia del Ejecutivo en los espacios de diálogo, refuerza las sospechas de que la llamada “reestructuración” no busca salvar a Petroperú, sino preparar el terreno para su liquidación progresiva, dejando al Perú sin una empresa petrolera estatal estratégica y entregando el control del sector a intereses privados.
