Herramienta tiene registro oficial de INDECOPI y permite la admisión de demandas con velocidad sin precedentes
En un paso decisivo hacia la modernización del sistema judicial peruano, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, liderada por la Dra. Miluska Cano López, anunció el inicio de la segunda etapa de implementación progresiva del sistema de inteligencia artificial “Mikuna IA”.
Esta innovadora herramienta está diseñada para transformar la gestión en los juzgados de Paz Letrado, enfocándose inicialmente en procesos de pensión de alimentos mediante la automatización del análisis documental y la agilización de expedientes.
La ceremonia oficial contó con la participación de altas autoridades judiciales y representantes de la empresa Timix, encabezada por el ingeniero Juan Francisco Acuña.
Durante el evento, se destacó que Mikuna IA, cuyo nombre simboliza «techo y alimento», no es solo un avance operativo, sino un activo institucional protegido integralmente, al contar ya con el registro oficial de propiedad intelectual ante INDECOPI para su diseño, logotipo y desarrollo científico.
Al respecto, la Dra. Cano López enfatizó que el objetivo central es obtener resultados concretos, cuantificables y comparativos que impacten directamente en el ciudadano, permitiendo que los magistrados utilicen la IA para verificar requisitos y admitir demandas con una velocidad sin precedentes.
Tras el éxito de la fase piloto, el proyecto se expande ahora a nuevos órganos jurisdiccionales, actuando como un asistente estratégico que fortalece la transparencia y trazabilidad de cada trámite.
El sistema destaca por su capacidad para reducir drásticamente los tiempos de respuesta, logrando que resoluciones que antes tomaban días puedan emitirse en pocos minutos, optimizando así la labor del personal jurisdiccional y administrativo.
Finalmente, pese a los retos logísticos y operativos enfrentados en este inicio de 2026, la institución reafirmó su compromiso de seguir «luchando contra la corriente» para modernizar la justicia y proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables, haciendo de la eficiencia administrativa una herramienta de bienestar social.
