Mediante la Resolución Suprema N.° 032-2026-JUS, se encarga a la abogada Shadia Elizabeth Valdez Tejada, actual viceministra de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la presidencia del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La doctora Valdez Tejada es abogada por la Universidad Jorge Basadre Grohmann y titulada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, es egresada de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres.
Cuenta, además, con un Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública por el Instituto Atlántico de Gobierno (España), un posgrado en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha (España) y formación especializada en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En el ámbito profesional, posee más de diez años de experiencia en el sector público, desempeñándose en cargos de alta dirección y asesoría en los tres niveles de gobierno. Entre sus principales funciones, ha sido directora ejecutiva (e) del Programa Nacional para la Empleabilidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE); jefa de la Oficina de Desarrollo Social, Población, Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento del Gobierno Regional del Callao; gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de La Victoria; y jefa del Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias del Congreso de la República.
Asimismo, se ha desempeñado como asesora del Despacho Ministerial del MTPE, asesora en el Congreso de la República, representante del MTPE ante el Consejo Directivo de FONDOEMPLEO y regidora metropolitana de Lima.
Desde noviembre de 2025, ejerce el cargo de viceministra de Justicia, función que ha venido desempeñando de manera articulada con las políticas del sector Justicia y Derechos Humanos.
Con esta encargatura, el INPE fortalece su conducción institucional, reafirmando el compromiso del Estado con la gestión penitenciaria y la seguridad ciudadana.
