Existen casos que están en plena investigación y otros en proceso de denuncia periodística
El panorama educativo en nuestro país enfrenta una grave amenaza: la proliferación de colegios informales o «bambas» que operan fuera de la ley. Engañan a miles de padres de familia y condenan a los estudiantes a un futuro incierto. Conocemos de primera mano algunos casos que están en investigación.
Estos colegios operan de forma clandestina, a menudo utilizando códigos modulares de otras instituciones u ofreciendo certificados de estudios a nombre de terceros. El Código modular es como el DNI de los centros educativos que están debidamente registrados ante el MINEDU. Tenerlo significa que el colegio tiene las autorizaciones respectivas para ofrecer y dar los servicios de educación a los menores de edad. Por el contrario, la falta de este código expone al estudiante a riesgos como la precariedad de su documentación legal y la falta de garantías educativas.
Ha habido denuncias de algunos padres de familia que, tras pagar pensiones durante un año, sus hijos han recibido certificados de estudio sin validez oficial, o en su defecto certificados como si pertenecieran a una sede de una institución educativa en la que nunca estuvieron matriculados. En este último caso, también es una grave infracción que una empresa educativa tenga sedes sin los permisos respectivos.
El engaño documentario: Los «códigos prestados»
El modus operandi de estas escuelas clandestinas es la simulación. Para aparentar legalidad, recurren a prácticas como:
Uso ilegal de códigos modulares: Emplean el código modular de otros colegios que sí están autorizados para gestionar y seguir el rendimiento escolar, tener la infraestructura y los recursos idóneos, permitir la participación en programas educativos y la realización de trámites administrativos. El engaño se evidencia porque en realidad no tienen permiso para ninguna de estas actividades y carecen de este identificador obligatorio para funcionar.
Certificados postizos: Entregan documentos a nombre de otras escuelas, dejando a los padres con el problema de que estos papeles puedan no servir porque sus hijos nunca estudiaron en las escuelas que certifican sus notas.
Sedes falsas: Puesto que no están registradas formalmente, estas escuelas optan por simular ser sedes de otro colegio, cuando en realidad funcionan independientemente alquilando la franquicia.
Trabajadores informales: De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el rubro de Educación, particularmente la educación privada, es uno de los más informales del país. Ello quiere decir que muchos de estos trabajadores no cuentan con sus derechos y beneficios sociales.
Lo que debe hacer un estudiante afectado
La denuncia es la herramienta más poderosa que tienen los padres para proteger no solo a sus propios hijos, sino a toda la comunidad educativa. Para ello el Ministerio de Educación ofrece una plataforma donde se puede reportar los casos, se llama Identicole. Allí también se puede consultar si la escuela donde está su hijo tiene formalmente su código modular. Así que, señor padre de familia, si sospecha que algo no funciona bien en la institución educativa donde su hijo estudia, acuda a esta entidad. Puede hacerlo por la vía directa en las oficinas de la Ugel correspondiente o a la plataforma web del Ministerio de Educación. Esto puede correr paralelo a una denuncia penal si se considera víctima de estafa.
