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Ministerio de Justicia plantea reforma penal para cerrar el paso a las armas ilegales y reforzar la seguridad ciudadana

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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) presentó una propuesta integral de reforma legal para evitar que las armas incautadas reingresen a mercados ilícitos y fortalecer la seguridad ciudadana, en el marco de la delegación de facultades aprobada por el Congreso.

La iniciativa plantea modificar el artículo 279-G del Código Penal para incorporar como delito la tenencia de armas de fuego inoperativas, así como la figura de la “tenencia compartida”, que permitiría sancionar penalmente a todas las personas que se encuentren en un espacio donde se detecte la presencia de un arma de fuego. El objetivo es cerrar vacíos legales que hoy facilitan la impunidad y el uso de este tipo de armamento en actividades criminales.

Adicionalmente, el MINJUSDH propone modificar la Ley N.° 30299 para fortalecer el control sobre las armas incautadas. Entre las medidas centrales se encuentra la incorporación de la supervisión obligatoria del Ministerio Público durante el traslado de armas desde las sedes de la Policía Nacional hacia los almacenes de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (SUCAMEC), con el fin de garantizar la cadena de custodia y evitar que vuelvan a ingresar a circuitos ilícitos.

Otro cambio clave es la reducción del plazo máximo para la destrucción de las armas de fuego incautadas, que pasaría de tres a un año. Esta medida busca disminuir los riesgos de desvío, pérdida o reutilización de estas armas, reduciendo su permanencia en depósitos y fortaleciendo la trazabilidad de estos bienes.

Estas reformas responden a una necesidad urgente de modernizar el marco penal frente a las nuevas formas del crimen organizado, que hoy reutiliza armas y usan réplicas inoperativas para ampliar su capacidad de violencia.

La propuesta del MINJUSDH busca promover un sistema más riguroso de control, con mayor articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y la SUCAMEC, como parte de una estrategia más amplia para devolver seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.