El caso incluye la contratación de un asesor vinculado sentimentalmente a su hermana, quien gana 10 mil soles al mes
La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría una denuncia de oficio contra la congresista Ariana Orué, de Podemos Perú, por presunta inconducta funcional. La decisión se tomó tras la difusión de un reportaje del programa Cuarto Poder el pasado 9 de noviembre, que reveló el uso de recursos públicos para fines personales durante horario laboral.
Personal del despacho como chofer privado
El informe periodístico demostró que trabajadores del despacho congresal de Orué la trasladaron hasta un gimnasio en pleno horario de oficina. Esta práctica configuraría un uso indebido de recursos del Estado, ya que el personal parlamentario debe dedicarse exclusivamente a funciones legislativas.
La Comisión de Ética comunicó su decisión a través de redes sociales. «Se aprobó por MAYORÍA la denuncia de oficio contra la congresista Ariana Maybee Orué Medina, por presunta inconducta ética según lo difundido en el programa Cuarto Poder del 9 de noviembre de 2025», señaló el organismo. Con esta aprobación se inicia formalmente la etapa de indagación preliminar.
Contratación cuestionada de asesor vinculado familiarmente
El reportaje también expuso la incorporación de Renzo Basurco como asesor II del despacho congresal. Basurco es identificado como la presunta pareja sentimental de Shirley Orué, hermana de la legisladora. Su salario asciende a 10 mil soles mensuales, pagados con fondos públicos.
La contratación genera suspicacias adicionales por los antecedentes de Basurco. El asesor estuvo involucrado en episodios policiales junto a la hermana de la congresista, lo que plantea interrogantes sobre los criterios de selección del personal parlamentario.
Este caso evidencia prácticas recurrentes en el Congreso peruano: la contratación de allegados sin criterios técnicos claros y el uso de recursos estatales para beneficio personal. La indagación preliminar deberá determinar si estas conductas configuran infracciones al Código de Ética Parlamentaria y qué sanciones corresponderían.
