La investigación preparatoria incluye a cuatro exmilitares por homicidio calificado y desaparición forzada de seis personas entre 1992 y 1993 en la base contrasubversiva del Alto Huallaga
La Fiscalía de Derechos Humanos y Contra el Terrorismo formalizó una investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala y cuatro exmilitares por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la base militar Madre Mía. Los hechos investigados incluyen el asesinato de dos personas y la desaparición forzada de otras cuatro ocurridos hace más de tres décadas. El caso revive un expediente que la Corte Suprema archivó en 2009.
La fiscal provincial Marita Barreto Rivera emitió la disposición fiscal N.º 22 el 24 de septiembre. La investigación apunta contra Humala, quien operaba bajo el alias «Capitán Carlos», y los exmilitares Tobías Huaringa, Nicanor Guerra, Amílcar Gómez y Russel Vela. Humala se desempeñó como jefe del Batallón Contrasubversivo 313 desde junio de 1992.
Los delitos que se investigan son homicidio calificado y desaparición forzada. Los asesinatos corresponden a Edgardo Isla Pérez y Némer Acuña Silva. Las desapariciones incluyen a Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.
Investigación compleja con plazo definido
El juez Jorge Chávez Tamariz declaró la investigación como compleja. Otorgó un plazo de ocho meses que culminará el 24 de mayo de 2026. La resolución judicial ordenó la inscripción de los investigados en el Registro Nacional de Procesados por desaparición forzada.
La formalización revive un expediente que la Corte Suprema de Justicia archivó en 2009. En aquel momento se estimó que no existían méritos suficientes para juicio oral.
El periodista Oscar Quispe ha investigado Madre Mía desde 2017. Ese año trabajó junto al fallecido periodista Jaime Chincha en Willax. El programa reportó la exhumación del primer cuerpo vinculado al caso.
Humala cumple condena por lavado de activos
Humala cumple actualmente una condena de 15 años de prisión por lavado de activos. Esta nueva investigación se suma a su situación procesal. Podría agregar otra dimensión de responsabilidad penal al expresidente.
La Fiscalía continuará con diligencias como recopilación de testimonios, peritajes y análisis documentales. También evalúa si solicitará medidas coercitivas adicionales contra los investigados.
