Un proyecto de ley busca crear protocolos de prevención y respuesta rápida ante la desaparición de personas con discapacidad. La iniciativa propone modificar el sistema Alerta Amber, actualmente limitado a menores de edad, para incluir a adultos con discapacidad.
El congresista Edgard Reymundo Mercado, de Bloque Democrático Popular, presentó el Proyecto de Ley N.º 13069/2025-CR el pasado 3 de noviembre. La propuesta establece un protocolo de acción para atender casos de personas con discapacidad reportadas como desaparecidas.
El texto plantea que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables coordine el diseño de estos protocolos con los ministerios de Interior, Salud, Educación y Transportes y Comunicaciones, además de las municipalidades provinciales.
Dos tipos de protocolo
El proyecto define dos mecanismos distintos. El protocolo de prevención agrupa procedimientos para evitar que personas con discapacidad se extravíen en espacios públicos. El protocolo de respuesta oportuna establece acciones para identificar, comunicar y asistir en el menor tiempo posible cuando ocurre una desaparición.
Los ministerios involucrados deberán identificar tecnologías que ayuden a prevenir o responder ante desapariciones. Esta implementación será progresiva y priorizará a personas en situación de pobreza según el Sistema de Focalización de Hogares.
Ampliación del sistema de alerta
La modificación clave afecta la Alerta Amber. Este sistema actualmente solo se activa para menores de edad desaparecidos. La propuesta lo extendería a personas adultas con discapacidad. El mecanismo garantizaría búsquedas con respuesta rápida y difusión nacional mediante medios de comunicación, redes sociales y sistemas de transporte.
Las municipalidades provinciales implementarían los protocolos en sus jurisdicciones y asistirían a municipios distritales. Además, crearían un registro voluntario y confidencial de personas con discapacidad en riesgo de desaparición. La iniciativa incluye capacitación obligatoria para familias y entidades responsables de espacios públicos.
El proyecto se encuentra en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendría 60 días para elaborar el reglamento de la ley.
