El ex gerente de Informática y Tecnología Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Jonathan Guzmán que solicitó una coima de 60 mil dólares a una candidata para la alcaldía de Barranca, a cambio de manipular el sistema informático de recuento de votos y asegurarle el triunfo electoral, tendrá que cumplir la totalidad de su condena por corrupción.
La Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima logró que se ratifique la condena de seis años de pena privativa de la libertad efectiva para Jonathan Guzmán, ex gerente de Informática y Tecnología Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por el delito de cohecho pasivo propio.
La sentencia también confirma la inhabilitación por cinco años para ejercer cualquier cargo público. Además, deberá pagar 60 mil soles de reparación civil al Estado y el equivalente a 365 días de multa.
Guzmán fue sentenciado en primera instancia el 9 de enero de 2025 por haber solicitado una coima a una candidata a cambio de manipular resultados electorales a su favor. Pese a que interpuso recurso de apelación, el Poder Judicial declaró infundada su solicitud y confirmó la condena requerida por el representante del Ministerio Público.
Durante el juicio oral, el fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo, demostró que Jonathan Guzmán, en su calidad de gerente de la ONPE, pidió USD 60 000 a una candidata a la alcaldía de Barranca por el partido Juntos por el Perú, a cambio de manipular el sistema informático de recuento de votos y asegurarle el triunfo electoral.
Los intermediarios que promovieron la reunión entre Guzmán y la candidata —quien denunció el hecho— ya fueron sentenciados por el delito de tráfico de influencias.
La contundencia de la imputación fiscal se basó en la grabación efectuada por la denunciante, cuya pericia acústica concluyó con una alta probabilidad de compatibilidad con la voz del sentenciado, así como en declaraciones testimoniales y registros telefónicos.
La ratificación de esta sentencia en segunda instancia destaca la efectiva labor de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en la persecución de los delitos de corrupción que amenazan la transparencia de los procesos electorales y la administración pública.
