Denuncian ante el OECE presuntas anomalías por parte de la ANIN en la adjudicación de la buena pro a favor de la empresa J&S para la construcción del nuevo IREN en Arequipa
El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) recibió hace unos días la denuncia sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación por parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) de la buena pro para la construcción del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Arequipa (IREN) por un monto de S/ 1’134,909,484.19 a la empresa J&S Servicios Generales SAC.
El pasado 7 de octubre la ANIN publicó los resultados del proceso de selección. Sin embargo, J&S Servicios Generales SAC, la empresa que resultó ganadora, según la denuncia presentada ante la OECE no contaría con experiencia, tendría contratos de muy pequeño monto; y, además, no formaría parte de un holding, ni una matriz extranjera.
Agrega que para ganar el concurso la citada empresa se presentó como parte de un holding de la constructora Rigaservices S.A. de capital panameño, sin embargo, no cumplió con los criterios establecidos en la Resolución de Superintendencia N° 019-2025- SMV-01 y las normas que la modifiquen, con excepción de los entes jurídicos definidos en dicho reglamento. En esa línea, el artículo 7 del referido “Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupo económico” señala que “grupo económico” es el conjunto de entidades, nacionales o extranjeras, conformadas por al menos dos entidades, cuando alguna de ellas ejerce el control sobre la o las demás o cuando el control sobre las entidades corresponde a una o varias personas naturales que actúan como unidad de decisión. Las personas naturales no forman parte del grupo económico”.
Según los registros de la OECE, entre 2019-2023 J&S Servicios Generales SAC tuvo contratos con el Estado, pero por pequeños montos en comparación con el de más de mil millones de soles en los que ha sido valorizado la obra. Asimismo, la denuncia señala que la empresa no registra trabajadores y/o prestadores de servicios.
Como socios de la empresa figuran David Sánchez Córdova y Alberto Guerrero Jiménez, mientras que su representante es José Peña Anco, no evidenciándose ninguna participación de la Constructora Riga Services.
Finalmente se exige al OECE determinar si se cumplieron con los alcances normativos para definir “holding” y/o “matriz”; si el postor adjudicado ha cumplido con detallar a sus socios, accionistas y/o directivos del holding y/o matriz; y que los mismos ejerzan control sobre la empresa participante (J Y S); si la empresa J Y S cumple con la experiencia pertinente para ejecutar una obra de esta envergadura y/o la capacidad para ello; si la empresa J&S habría presentado información inexacta al declarar que es parte de un holding y/o matriz, del que claramente no lo es; y, si dicha información está completa en su oferta, y verificar si dicha empresa aportará carta fianza bancaria, pues es este documento (y no retenciones) el que se requiere en el Acta Final.
COMPAÑÍA TENDRÍA CUESTIONAMIENTOS
La empresa J&S Servicios Generales SAC ya estuvo a cargo de otras obras en el país y tuvo algunos cuestionamientos. En 2019 se unió a la empresa Consultores y Contratistas Tordyen E.I.R.L. para formar el consorcio La Libertad II y el 19 de julio se adjudicó la buena pro del proyecto de “Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento del centro poblado de Santa Cruz, distrito de Agallpampa, provincia de Otuzco, departamento de la Libertad”, por un valor referencial ascendente a 3 millones 618 mil 964.75 soles.
El 20 de agosto, se le comunicó las observaciones a los documentos que presentó para suscribir el contrato, otorgándole el plazo de cuatro días hábiles para subsanarlos, pero al no cumplir se le informó la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección. Por ello, se estableció que el consorcio incurrió en una infracción y recién el 19 de marzo de este año, se dispuso iniciar un procedimiento administrativo sancionador a los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad “al incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato”.
