El alcalde del distrito de Santa Anita, Olimpio Alegría, afronta un proceso de vacancia tras dos sesiones de concejo convocadas por disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, pese a los informes de la Contraloría General de la República que señalan presuntas infracciones a la Ley de Contrataciones del Estado, la autoridad edil se aferra al cargo.
Según lo sustentado ante el pleno, existen tres informes que revelan una supuesta asociación incompatible con la función pública, lo que fundamentó la decisión de vacancia adoptada por los regidores. No obstante, Alegría habría postergado la remisión de los resultados al JNE, esperando agotar los plazos establecidos por ley, mientras busca salidas legales que reviertan la decisión.
Vecinos del distrito denunciaron además que el burgomaestre estaría utilizando recursos logísticos de la municipalidad para favorecer la candidatura de su sobrino, con pintas políticas en diversas zonas de Santa Anita. Ante ello, anunciaron movilizaciones para exigir al JNE que emita con celeridad y transparencia la resolución definitiva de vacancia.
“El alcalde, recordado por sus constantes enfrentamientos con la prensa, ha permitido que Santa Anita viva un escenario de inseguridad, prostitución y delincuencia. Incluso el asesinato del primer regidor del distrito sigue sin esclarecerse. Estaremos atentos a que el JNE actúe con legalidad”, señaló un vecino que prefirió no identificarse por temor a represalias.
La decisión final sobre la permanencia o vacancia de Olimpio Alegría en el cargo se encuentra ahora en manos del Jurado Nacional de Elecciones.
