En las últimas semanas, ha salido a la luz un conjunto de maniobras que involucran al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y su respaldo al Proyecto de Ley lobista 4565, una iniciativa que busca favorecer a un reducido grupo de empresas del sector de energías renovables. Bajo la bandera de promover la sostenibilidad energética, este proyecto ha generado críticas por los intereses particulares que lo impulsan y por las serias implicancias que podría tener en las tarifas eléctricas para los consumidores peruanos.
El polémico proyecto de ley ha sido respaldado activamente por la Sociedad de Energías Renovables, un gremio que, según denuncias, ha servido como plataforma para un intenso lobby en el Congreso de la República. Esta labor ha estado encabezada por Brendan Oviedo, presidente del gremio, quien ha sido señalado por presuntamente actuar como intermediario para promover los intereses de las empresas del sector. Correos y testimonios sugieren que esta intervención ha sido «grosera» y deliberada, con el fin de inclinar la balanza legislativa a favor del proyecto lobista.
Además, el debate en torno al Proyecto de Ley 4565 ha tomado un giro aún más cuestionable con la presión ejercida para incluirlo en la agenda del Pleno del Congreso. Según fuentes cercanas al Minem, detrás de esta urgencia estaría la multinacional asiática Huawei, que busca consolidar un importante negocio en el Perú a través de esta legislación. Los viajes pagados a congresistas y donaciones al Ejecutivo y a una ONG vinculada al hermano presidencial Nicanor Boluarte, han encendido las alarmas sobre los verdaderos beneficiarios del proyecto.
Actualmente, la Fiscalía tiene abierta una investigación que involucra a tres congresistas que habrían actuado como operadores clave para este lobby, hablamos de los parlamentarios Jorge Flores Ancachi, Luis Kamiche y Luis Aragón. La tesis de la investigación apunta a un posible intercambio de favores entre estas figuras políticas y la gigante asiática Huawei. Esta investigación añade un componente turbio al ya cuestionado proyecto de ley.
Lo que más preocupa a diversos sectores es que, detrás del discurso oficial, el Proyecto de Ley 4565 esconde una intención que afectará directamente a los bolsillos de los ciudadanos: un aumento en las tarifas eléctricas. Analistas advierten que, de aprobarse, los costos de generación eléctrica, especialmente aquellos provenientes de fuentes renovables, se verían reflejados en un incremento en los recibos de luz. Sin embargo, este punto no ha sido debidamente comunicado por el ministro Mucho, quien ha mantenido un silencio estratégico al respecto.
La pregunta clave que surge es: ¿está el Ministerio de Energía y Minas priorizando los intereses de un sector privado sobre el bienestar de la población? Mientras las investigaciones avanzan y el debate legislativo se intensifica, queda claro que el Proyecto de Ley 4565 no solo busca impulsar las energías renovables, sino que también pone sobre la mesa las viejas prácticas de lobby y conflicto de intereses que continúan marcando la política nacional.
Durante los últimos días, fuentes de Palacio de Gobierno hablan de otros congresistas vinculados al lobby, uno de los que más resalta es el nombre de la parlamentaria Silvia Monteza, recordada por ser otra viajera con todo pagado al Mobile World Congress (MWC) que se llevó a cabo en Shanghái por invitación de la consultora mexicana DPL Group (Digital Policy & Law Group), la cual representa los intereses de la empresa china Huawei.
Vemos que a pesar que existe una crisis política, los lobistas no descansan. Lo grave es que con el proyecto de ley 4565 solo se busca perjudicar a las familias peruanas y beneficiar a empresas extranjeras. Esto también es traición a la patria.
