Partido del lápiz denuncia persecución política tras conocer acusación de que congresista gestó leyes para obstaculizar pesquisas.
“De ejecutarse dichas peticiones, representarían una actuación inconstitucional grave, intimidatoria y de abuso de poder”, alega PL.
En enérgico comunicado Perú Libre, denunció una persecución política hacia el partido y la izquierda popular, tras conocerse que el fiscal adjunto supraprovincial de lavado de activos, Ángel Astocondor Villalobos, recomendó denunciar al congresista Waldemar Cerrón y a la presidenta Dina Boluarte por presuntamente integrar el “brazo legal” de una organización criminal.
ABUSO DE PODER
“De ejecutarse dichas peticiones, representarían una actuación inconstitucional grave, intimidatoria y de abuso de poder, más aún, considerando que el proyecto de ley en cuestión se encuentra sujeto al marco jurídico vigente, y fue aprobado como una votación de amplia mayoría”, dice parte del comunicado.
Asimismo, el partido del ‘Lápiz’ señala que esta acción se trata de un intento de hostigamiento y de neutralizar el avance de la izquierda popular en el país.
Las acusaciones del Ministerio Público se basan en un documento de 200 páginas que sugiere que la organización criminal habría ejercido influencia en el Congreso y en el Ejecutivo para la promulgación de leyes que favorecieran sus intereses.
Entre estas, destacan un proyecto presentado por Cerrón para que los partidos políticos no puedan ser investigados como organizaciones criminales, aprobado por el pleno del Congreso y promulgado por Boluarte, así como una propuesta que redefine la organización criminal y regula los allanamientos, aprobada recientemente por la Comisión Permanente del Congreso.
El fiscal Astocondor sostiene que estas iniciativas forman parte de un esfuerzo coordinado para modificar la normativa en beneficio de los miembros de Perú Libre, quienes estarían utilizando sus cargos para influir en el marco legal a su favor.
PERÚ LIBRE argumenta que los congresistas no pueden ser procesados por sus propuestas legislativas y que estas acciones demuestran un claro intento de frenar el crecimiento político del partido y de la izquierda popular en el Perú profundo.
¿Cómo van a acusar a un congresista por leyes que han sido debatidas en comisión y que tiene un proceso largo de consulta a expertos y luego pasa la pleno y se vota?, se preguntan.
