Tribunal Interamericano había ordenado al Estado peruano dejar sin efecto o no otorgar vigencia a dicha norma.
Propuesta fujimorista y de Renovación Popular deja a
nuestro país como un paria en derechos humanos .
¿Para quién juegan? Con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley que prescribe los delitos de lesa humanidad o crimen contra la humanidad perpetrados antes de 2002, pese a la posición contraria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El proyecto de ley, pre- sentado por Fuerza Popular y Renovación Popular, fue aprobado antes en una primera votación, con 60 votos a favor, 36 en contra y once abstenciones.
Tras la votación del Congreso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció y recordó que hace apenas tres días se requirió al Perú tomar medidas que eviten poner en riesgo los Casos Barrios Altos y La Cantuta.
“Mediante Resolución de 1 de julio de 2024, la Corte IDH requirió al Perú “que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el
Perú, a los que se hace referencia en las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos”.
Ante ello, el Poder Legislativo rechazó la presunta intromisión de la Corte IDH en el proyecto de ley acerca de los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
Por ello, resaltó que el Perú es una “república democrática, social, independiente y soberana” e indicó como Poder Legislativo tiene independencia en las decisiones que por orden constitucional y legal le corresponden.
EL GRAN BENEFICIADO
La proposición de ley declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
De esta manera se permitiría así paralizar cualquier investigación y proceso judicial activo relativo a casos relevantes de las décadas de 1980 y 1990, como el caso de las esterilizaciones forzadas de indígenas en el que está siendo procesado el expresidente Alberto Fujimori, quien ya prepara todo para presentarse a las próximas elecciones presidenciales de 2026.
Asimismo, la legislación anularía las penas impuestas en casos correspondientes al mandato de Fujimori, excarcelado en diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias y pese a la objeción de la Justicia interamericana.
Con 85 años, Alberto Fujimori se encuentra en hospitalizado tras haber sufrido una fractura de cadera como consecuencia de una caída en su habitación. El exmandatario fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de usurpación de funciones, homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado y falsedad ideológica, corrupción y espionaje.
Todo esto no es más que allanarle el camino al expresidente en su intención de llegar a la Presidencia de la República, como ya lo aprobó su propia hija, Keiko Fujimori, quien el último domingo, en una entrevista para un medio televisivo, no descartó esta posibilidad y hasta dijo que espera que así suceda.
“Se repara una injusticia con militares y policías que derrotaron al terrorismo y se restablece la legalidad.
Como siempre, la mafia caviar nacional e internacional tratará de violar la ley y no aplicarla. Hay que estar vigilantes”, señaló el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, uno de los promotores de la propuesta.
LAS CONSECUENCIAS
El abogado penalista César Azabache advirtió que esta decisión del Parlamento traería consecuencias a nivel internacional, recordando que tenemos un tratado vigente: la Convención ONU sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad.
“Su texto expreso y claro establece que la persecución no prescribe para los crímenes a los que se refiere. El tratado no ha sido denunciado. El Congreso aprueba una ley contradiciéndolo. Pero el Congreso no tiene competencia para denunciar tratados vigentes. Y una sentencia del TC ya declaró que pretender hacer esto es inconstitucional. Esta es la escena actual. Se ha creado el riesgo de violar un tratado vigente. Y el riesgo lo ha creado un Estado que acumula dos desacatos contra la Corte IDH”, sostuvo.
Agregó que esto puede costar una relatora especial sobre Perú o una resolución del Comité de DDHH sobre Perú. “Si un Estado como Canadá coge el asunto el caso puede llegar hasta la Corte de La Haya, porque el tratado que estamos violando es universal, no regional”, apuntó.
Corte IDH se pronuncia
El Poder Judicial rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir contra Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza y Luis Pérez Documet, por su presunta intervención en el caso Pativilca (Caraquño) y Cantuta.
Según se indica, esta decisión fue adoptada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema tras declarar nula la resolución emitida por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Liquidadora de la Corte Superior Nacional, que la declaró fundada en octubre del 2023.
“El tribunal concluyó que los hechos atribuidos, calificados como asociación ilícita para delinquir, en la medida en que están ligados a graves violaciones a de-
rechos humanos, pueden ser considerados también de lesa humanidad”, apuntó.
