Asociación Peruana de Consultoría exhorta a autoridades a revisar contratos suscritos
bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno.
Lima, marzo 2024.- La Asociación Peruana de Consultoría (APC) denunció que los servicios de Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) de algunos contratos suscritos bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) han sido celebrados con firmas extranjeras inhabilitadas, lo que explica el fracaso de esos acuerdos, puesto que no han dado los resultados esperados y solo sirven para el despilfarro del erario nacional.
Así reveló el presidente de la APC, Ing. Elías Tapia, quien dijo que la empresa francesa del grupo económico Egis, a cargo de la PMO de la construcción de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa, ha sido recientemente inhabilitada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejercer sus actividades hasta el 2 de enero de 2027 por prácticas fraudulentas y corruptas relacionadas con la supervisión de obras de agua y saneamiento en Panamá.
Explicó que la sanción, como se trata de una “inhabilitación cruzada”, también es aplicada por el Banco Mundial (BM), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), con el fin de disminuir el fraude y la corrupción en los proyectos apoyados por los bancos multilaterales de desarrollo.
Precisó que Egis Internacional figura en el Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles, de acuerdo con la página web oficial de dicho organismo (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms).
Tapia hizo ver que el convenio G2G con Francia para la construcción de la carretera central no está dando los resultados esperados. “Han transcurrido 3 años y recién está por iniciarse el Estudio Definitivo de Ingeniería del proyecto cuyo trazo ha sido cuestionado y descalificado por el Colegio de Ingenieros del Perú”, enfatizó.
REVISEN CONTRATOS G2G
En ese sentido, dijo que la Asociación Peruana de Consultoría exhorta a las autoridades a revisar la situación de los contratos que se suscriben de acuerdo con la modalidad de Gobierno a Gobierno y que marginan – muchas veces- a los profesionales y a las empresas nacionales, contraviniendo el Decreto Legislativo 1564.
El DL 1564 modificó la cuarta disposición complementaria final de DL 1444 que, a su vez, modificó la Ley de Contrataciones del Estado 30225, exigiendo que solo procedan esta clase de contratos cuando ello represente una ventaja considerable para el Perú y cuando se demuestre que en el mercado local no hay proveedores y contratistas para atender los requerimientos de los que son objeto.
En esa línea, advirtió que la modalidad Gobierno a Gobierno ha pasado de ser excepcional a ser la regla general, como si fuera la solución a todos los problemas que el país padece, “cuando claramente se advierte que es una manera de eludir la acción de la Contraloría General de la República y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado”.
Por tal motivo, nombre de la APC, Elías Tapia solicitó trato justo e igualitario para todos y la mayor competencia posible entre quienes se encuentren en condiciones de prestar servicios en todo el territorio nacional. “Exigimos que no se discrimine en nuestro propio país a los profesionales y a las empresas peruanas”, subrayó.
