La Fiscalía de la Nación desistió del recurso de apelación presentada contra el juez supremo Juan Carlos Checkley, integrante del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que declaró fundada en parte la tutela de derechos que formuló la Procuraduría General del Estado para estar presente en el interrogatorio a la presidenta, Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola por los fallecidos en las protestas.
En declaraciones, la fiscal adjunta precisó que es importante la participación de los familiares de la parte agraviada, esto al conocerse que no existe ninguna prohibición para que se hagan presente en las diligencias.
En la audiencia, Sack indicó que, en un inicio, se interpretó que las únicas partes autorizadas a intervenir en las declaraciones indagatorias en sede fiscal era el representante del Ministerio Público; sin embargo, señala, tuvo que haber prevalecido los derechos de la parte agraviada “cuando no existe una prohibición expresa durante su participación en las diligencias en la etapa preparatoria”.
“El proceso penal garantiza el ejercicio de hechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad debe estar obligada a velar por su protección y a brindarle un trato conforme a su condición”, explicó la representante del Ministerio Público.
Boluarte guardó silencio
En la diligencia del 6 de junio, la presidenta Dina Boluarte se acogió a su derecho al silencio cuando era turno de que la Procuraduría y los abogados de los deudos de las víctimas en las protestas. La mandataria únicamente respondió las consultas del fiscal Marco Huamán.
Ante ello, la jefa de Estado contradijo las versiones vertidas por el premier Alberto Otárola, quien aseguraba que Boluarte Zegarra iba a responder a todas las interrogante.
Según se pudo conocer, Boluarte se acogió al derecho al silencio debido a que, en esas fechas, la Sala Penal Permanente aún no resolvía la apelación de la Fiscalía contra la resolución del Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria en la que autoriza la participación de la Procuraduría y los abogados de las víctimas en la investigación y los interrogatorios.
Ahora, la presidenta no tiene alguna justificación formal para ignorar las preguntas de la Procuraduría y de las defensas de los deudos. Sin embargo, aún puede optar por guardar silencio al tratarse de un derecho constitucional.
