El juez supremo Juan Carlos Checkley aprobó la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria expedida por la Fiscalía de la Nación contra la excongresista Luciana León, por el caso de Los Intocables Ediles. Esto luego de que el Congreso —a mediados de junio— aprobara, con 70 votos a favor, continuar con la acusación penal en su contra por la presunta comisión de 3 delitos.
“Se dispone formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Luciana Milagros León Romero, en su condición de excongresista de la República como presunta autora de los delitos contra la administración pública, modalidades de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación, en agravio del Estado peruano”, se lee en el documento del Poder Judicial.
En tanto, se dispone que, en efectos de la investigación preparatoria, asumirá competencia material el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia. También se solicita poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
A mediados de junio, mediante la publicación de la Resolución Legislativa 020-2022-2023 en el diario oficial El Peruano, el Congreso de la República oficializó la denuncia contra Luciana León, quien ha sido sindicada como el brazo político de Los Intocables Ediles. Con esta formalización, se dio lugar a la acusación penal por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso.
En el año 2020 se revelaron una serie de chats en los que se determinó que la excongresista aprista Luciana León gestionaba reuniones con diferentes ministros del Ejecutivo a fin de apoyar a su hermano Rómulo León Romero, quien a su vez estaba implicado con el financista de la banda criminal Los Intocables Ediles, de La Victoria.
La exparlamentaria León habría hecho uso de su influencia a fin de cuadrar encuentros entre los ministros de Salud, Energía y Minas, y Vivienda con su hermano. En esta ocasión, la SAC no ha planteado una inhabilitación para el ejercicio de la función pública, como sí se estila en otros casos.
