La canciller Ana Cecilia Gervasi confirmó ayer que Lidia Patty Mullisaca “ejerció funciones” como cónsul de Bolivia en Puno, desde el 1 de junio hasta la fecha, sin contar con el exequátur o credencial emitida por Torre Tagle , y precisó que, debido a ello, al constituir “una transgresión” a la Convención de Viena, pidió el retiro de su designación en el cargo.
Explicó que el 6 de junio último, por los actos cometidos por Patty Mullisaca, comunicó a la Embajada de Bolivia “que dicha funcionaria no podía ejercer funciones consulares” —como lo ha venido haciendo hasta hoy— debido a que su designación “no había sido admitida” por nuestro gobierno “a través de la expedición del exequátur correspondiente”.
“La realización de funciones consulares —dijo la canciller— por el jefe de una oficina consular que no ha sido admitido como tal, por el Estado receptor, constituye una transgresión de normas de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963″.
Debido a la actuación de la enviada boliviana, la ministra señaló que “en la fecha” se convocó al representante diplomático en Bolivia, que sería su embajador en el Perú, “a efectos de que retire esa designación dado que la misma no es aceptable para el Perú”.
Chirinos dice es infiltrada de Evo Morales
A través de sus redes sociales, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, anunció que solicitó un informe de las acciones realizadas por Lidia Patty Mullisaca.
A través de su cuenta de Twitter, Chirinos expresó su preocupación al afirmar: “¡Los ataques contra el Perú no cesan! Ahora, el régimen comunista boliviano ha intentado infiltrar a Lidia Patty Mullisaca, exdiputada del MAS y operadora de Evo Morales, en nuestro país”.
El documento presentado por Patricia Chirinos menciona que Lidia Patty “aparentemente habría ejercido de manera irregular como cónsul de Bolivia en Puno”, lo cual constituye una flagrante violación del artículo 12 de la ‘Convención de Viena sobre Relaciones Consulares’.
La activista boliviana es considerada una de las ‘principales operadoras políticas y mediáticas’ en un caso que ha generado serias controversias relacionadas con violaciones de derechos humanos. Este caso involucra a la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
