Es necesario que la Fiscalía realice la investigación sobre las muertes en las manifestaciones de manera más breve posible, ante la importancia de esclarecer los hechos, comentó el abogado penalista James Rodríguez López
En entrevista con el programa ‘Uno al Día’, en Red de Comunicación Regional, el abogado señaló que es preocupante la situación que vive el país, con la muerte de alrededor de 60 personas, entre civiles, manifestantes y un miembro de la Policía Nacional.
“Una muerte no puede quedar impune y sesenta muertes con mayor razón, porque el pueblo peruano ha sido testigo, mediante grabaciones, como miembros de la Policía Nacional o del Ejército habrían disparado a personas que no estaban armadas ni en situación que pudieran poner en riesgo la vida o integridad física de las fuerzas del orden”, expresó.
Agregó que el informe elaborado por Amnistía Internacional evidencia que hubo un uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía y las instituciones militares, ya que algunas muertes han ocurrido por disparo de fusil, armamento que solo utilizan los agentes del orden.
Responsabilidades
Rodríguez López indicó que la responsabilidad penal por las muertes recae en la autoridad política más alta, es decir en la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, así como en los ministros del Interior y de Defensa.
Explicó que las autoridades señaladas son las personas directamente vinculadas a la represión de las manifestaciones, anotando que en muchos casos han sido actos de vandalismo.
“No olvidemos que la legislación internacional prohíbe terminantemente el uso de armas de fuego, es decir de armas letales, en las situaciones de protesta o de convulsión social”, señaló.
Agregó que las muertes no pueden quedar impunes y por eso cuestionó que a la presidenta «no le muevan ni un pelo» el alto saldo mortal en dos meses de mandato.
James Rodríguez también cuestionó a la Fiscalía por actuar con celeridad contra las personas detenidas en las manifestaciones y que en algunos casos están con prisión preventiva, pero no ocurre lo mismo con los integrantes de las fuerzas del orden que estarían involucrados en las muertes durante las protestas.
