La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el primer ministro, Alberto Otárola, no serán interrogados por la Procuraduría ni por los abogados de las víctimas de las protestas, pese a que han sido llamados a declarar en el marco de una investigación por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves relacionados con las muertes en las protestas sociales.
Según un fallo del juez Juan Carlos Checley, solo podrán recibir preguntas de sus abogados y del Ministerio Público durante el interrogatorio, lo que ha generado críticas de expertos que cuestionan el comportamiento de la mandataria al reprogramar hasta en tres ocasiones su declaración ante la Fiscalía.
La resolución del juez especifica que sólo el fiscal y el abogado defensor estarán habilitados para interpelar a Boluarte y Otárola durante el interrogatorio.
El último martes, la presidenta acudió minutos antes de las 9 de la mañana para declarar ante el Ministerio Público. A diferencia de su antecesor Pedro Castillo, quien caminaba ante la mencionada entidad pública para responder las preguntas de la fiscal Patricia Benavides por los presuntos actos de corrupción de esa gestión, Boluarte prefirió un auto y con grandes medidas de seguridad.
CRÍTICAS
Expertos están cuestionando la actitud de la jefa de Estado, a quien ha comparado con Pedro Castillo, quien utilizaba toda clase de excusas para colaborar con las indagaciones fiscales.
El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia calificó como “lamentable” el comportamiento de la jefa de Estado al reprogramar hasta en tres ocasiones su declaración ante la Fiscalía.
Por su parte, la exprocuradora Katherine Ampuero recordó que desde el Gobierno iban a colaborar con la Fiscalía, pero su actitud no ha sido consecuente con estas declaraciones.
En tanto, el ex fiscal Víctor Cubas ha cuestionado a la fiscal Benavides por cómo maneja el caso de la presidenta Boluarte. Según Cubas, la fiscal podría estar favoreciendo a la mandataria y lesionando el debido proceso.
Los expertos coinciden en que la actitud de Boluarte genera dudas sobre su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de la institucionalidad del país.
