Renán Galindo, postula al Senado con el número 3 por Unidad Nacional y dice es urgente frenar ingreso del crimen organizado al Parlamento
Renán Galindo Peralta, miembro del CEN de la alianza Unidad Nacional y miembro fundador del partido Peruanos Unidos ¡Somos Libres! Postula al Senado Nacional con el nro. 3, advierte que la Ley Electoral ha buscado de manera deliberada la fragmentación del sistema político, permitiendo la inscripción de organizaciones políticas con un número relativamente reducido de firmas (alrededor de 25 mil en su momento), lo que ha facilitado el surgimiento del multipartidismo.
Esta situación ha hecho posible -señala- que tendencias políticas que históricamente contaban con un nivel limitado de respaldo ciudadano, puedan formalizarse como partidos políticos, y en contextos de alta fragmentación y baja representación (organizaciones con alrededor del 4% de intención de voto) pueden posicionarse como favoritas o tener posibilidades reales de ganar elecciones, debido a la dispersión del voto entre múltiples candidaturas.
¿Por qué señala que se ha buscado deliberadamente una fragmentación del sistema político con la Ley Electoral?
Tal como ha sucedido con el CEPLAN y el diseño de las Políticas Públicas, la Ley Electoral ha sido propulsada por una clase tecnócrata alejada de la realidad, que bajo el discurso de “fortalecimiento institucional” termina favoreciendo a los partidos con baja representatividad. Lo que se está haciendo es debilitar la participación ciudadana. La ley no es solo deficiente, sino producto de un diseño elitista, desconectado de la realidad nacional y orientado a dividir a los peruanos y foratelecer posiciones políticas que nunca tuvieron y no lo tienen en el país representación.
¿Qué efectos ha tenido la flexibilización de la legislación electoral en la proliferación de partidos en el país?
El tema es claro: al facilitar la creación de múltiples organizaciones con un respaldo ciudadano reducido, se genera un escenario de alta dispersión del voto, lo que permite que agrupaciones con baja aceptación relativa puedan alcanzar posiciones expectantes e incluso ganar elecciones. Desde esta perspectiva, la norma solo habría buscado favorecer estrategias orientadas a debilitar la consolidación de partidos sólidos y representativos.
¿ Y con que finalidad?
En sistemas con alta fragmentación política como es el nuestro, el rol de los técnicos, a los que llamo técnicos ilustrados, ha sido relevante. Con buena o mala intención su participación en el Estado ha sido lamentable. Además, estos puramente técnicos, primero, y luego con protagonismo político, se aventuraron en controlar las instituciones: Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, el Ejecutivo con Sagasti y Vizcarra, el Ministerio Público, entre otros. Se los conoce ahora como “caviars”, y se abanderan como dueños de la moral y la verdad; y literalmente no le han ganado a nadie, y lo único que han hecho es destrozar la institucionalidad por la que dicen luchar. Esta incursión tecnocrática, ha formentado la corrupción, el clientelaje de los partidos políticos, y la destrucción de las instituciones. Por esta razón, aunque creo que es un poco tarde, es que participo en estas elecciones, esperando ser uno de los 31 Senadores que frenará la arremetida caviar por un lado, y el ingreso del crimen organizado al Parlamento. Mira como éstamos: 10 presidentes en los últimos 10 años. Eso tiene una explicación, y la estamos brindando a la ciudadanía.
¿Finalmente, crees que el Presidente Jerí debe ser vacado?
Definitamente, cosa curiosa no?. Fuerza popular, APP y otros partidos nos quieren dar charlas de institucionalidad para no vacar al Presidente. La “institucionalidad” no puede ser sinónimo de impunidad. Si hay cuestionamientos graves que afectan la dignidad del cargo, el Congreso debe asumir su responsabilidad y decidir. La estabilidad se está usando como excusa para no actuar. Debemos recordarles a los Congresistas y a los Partidos Políticos que hicieron posible – a través de componendas- la designación de Jerí como Presidente, que no se puede invocar institucionalidad cuando se trata de proteger decisiones propias. Si el Congreso fue parte del problema, hoy debe ser parte de la solución: en otras palabras: lavar lo que ensuciaron.
