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Dictan 36 meses de prisión preventiva para organización criminal que extorsionaban a transportistas en Lima

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Ocho presuntos integrantes de la organización criminal «Los mexicanos», que se dedicarían a extorsionar a empresarios de transportes público del distrito de Villa María del Triunfo, pasarán 36 meses recluidos en un penal de la capital. Esta medida fue lograda por el Ministerio Público.

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Equipo 1, logró que se dicte este medida coercitiva contra los imputados por el delito de extorsión agravada en agravio de empresarios de transporte público en Lima.

Ellos son Gustavo Valera, Fabrizio Aquino, William Tarazona, Jesús Herrera, Rocío Sandoval, Zoila Mendoza, José Huanca y Glendy Ramírez, quienes seguirán la investigación en su contra en reclusión.

Según la investigación, a cargo del fiscal provincial Álvaro Rodas Farro, los investigados habrían realizado cobros extorsivos denominados ‘cuotas de seguridad’ o ‘cuotas de protección’ a los transportistas, con el fin de tener el control territorial en el distrito de Villa María del Triunfo.

Los primeros actos de extorsión fueron registrados en setiembre de 2024, en agravio de una empresa de transporte a la que se le exigió el pago de cuotas semanales de S/ 2500 a cambio de no atentar contra la vida e integridad de los trabajadores y permitir la continuidad del servicio.

Durante la investigación fiscal, se determinó que el presunto cabecilla de la organización criminal, Erick Llufire Oré, impartía órdenes desde el establecimiento penitenciario de Aucallama (Huaral), en el que se encuentra recluido, estableciendo un orden jerárquico y poder de mando en el cobro sistemático de las cuotas extorsivas mediante depósitos a cuentas bancarias pertenecientes a los distintos integrantes de la organización criminal o de sus familiares directos.

Desde las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, exhortamos a la población a que no presten, alquilen o cedan sus cuentas digitales personales como correos electrónicos, redes sociales, billeteras electrónicas o accesos bancarios, ya que ello puede facilitar la comisión de graves delitos, como fraude, lavado de activos y otras formas de criminalidad organizada.