Es el tercer atentado contra la empresa en 2025. Los empleados exigen protección mientras solo 40 de sus unidades circulan en Lima tras el nuevo ataque en San Martín de Porres.
La extorsión golpeó nuevamente a la empresa de transportes Translicsa. Un desconocido arrojó una granada en uno de sus buses el lunes por la noche en San Martín de Porres. El ataque marca el tercer episodio de violencia que sufre la compañía este año y desató una paralización parcial de sus operaciones mientras los trabajadores exigen garantías para su vida.
Un ataque calculado en pleno retorno
El hecho ocurrió cuando el bus regresaba a su base en Chuquitanta, también conocida como Pan de Azúcar. Un sujeto en motocicleta aprovechó que la puerta delantera del vehículo permanecía abierta y lanzó el explosivo al interior. El chofer alcanzó a reaccionar y alertó a las autoridades de inmediato.
Personal de la Unidad de Explosivos de la Policía Nacional llegó al lugar y desactivó la granada. El conductor evitó una tragedia mayor, pero el miedo se instaló entre los trabajadores. No es para menos: este ataque se suma a dos anteriores que evidencian un patrón de acoso sistemático contra la empresa.
Una escalada de violencia desde abril
El primer golpe llegó en abril. Delincuentes balearon un bus en el cruce de las avenidas El Sol de Naranjal y Los Eucaliptos. El chofer recibió un disparo en la pierna. Los atacantes dejaron una nota amenazante con un número de celular, la firma típica de las bandas extorsivas.
En octubre se repitió la misma historia. Otro bus de Translicsa fue acribillado en la avenida Los Eucaliptos mientras estaba estacionado. Esta vez el conductor salió ileso, pero el mensaje quedó claro: la empresa estaba en la mira y nadie haría nada para protegerla.
Paralización y miedo en las calles
Los trabajadores ya no aguantan más. Cerca de 70 empleados suspendieron sus labores exigiendo protección real, no promesas vacías. Este martes solo 40 unidades salieron a cumplir sus rutas habituales por Lima. Los conductores y el personal operativo hablaron con RPP y expresaron su angustia: temen por sus vidas cada vez que salen a trabajar.
La situación refleja un problema mayor que atraviesa el transporte público limeño. Las bandas extorsivas operan con impunidad mientras el Estado observa desde la barrera.
