Estado no se defendió en juicio y ahora enfrenta cobro forzoso de más de $91 millones tras cancelar concesión a Kuntur Wasi
Una corte federal estadounidense declaró en rebeldía al Estado peruano por no pagar ni defenderse en el proceso judicial del aeropuerto de Chinchero. El país debe más de $91 millones al consorcio Kuntur Wasi. Un tribunal arbitral internacional ordenó esta indemnización en mayo de 2024. Ahora puede ejecutarse como una sentencia judicial en Estados Unidos.
El origen del conflicto: una concesión cancelada
Todo comenzó en 2017. El Gobierno peruano canceló unilateralmente la concesión del aeropuerto de Chinchero que había otorgado a Kuntur Wasi. El contrato original se adjudicó en 2014 y se modificó en 2016.
El Ejecutivo de entonces consideró que esos cambios perjudicaban al Estado. Por eso decidió terminar el acuerdo. La cancelación no afectó al proyecto aeroportuario en sí.
La obra continúa bajo gestión directa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero ahora funciona con un esquema diferente al de la concesión privada.
La respuesta de Kuntur Wasi
La empresa no aceptó esta decisión. Kuntur Wasi argumentó que la cancelación fue arbitraria e injustificada. Llevó el caso al CIADI, un tribunal del Banco Mundial especializado en conflictos entre Estados e inversionistas extranjeros.
En mayo del año pasado, el tribunal falló a favor de la empresa. Ordenó al Perú indemnizar con $91,205,056, más intereses. Este fallo representó un revés importante para el Estado peruano.
Ratificación judicial y mecanismos de cobro
Los laudos del CIADI no se cobran automáticamente. La empresa ganadora debe pedir a tribunales nacionales que reconozcan esa decisión. Solo así puede ejecutar el cobro como una sentencia local.
Kuntur Wasi acudió a una corte federal de Estados Unidos con este propósito. El Estado peruano no respondió dentro del plazo legal. Por eso el juez declaró la rebeldía. Ratificó la obligación de pago sin escuchar la defensa peruana.
Esta decisión no genera una nueva deuda. Pero sí transforma el laudo en una sentencia estadounidense ejecutable. Ahora la empresa puede activar mecanismos legales de cobro en el exterior. Mientras tanto, el monto sigue creciendo por los intereses acumulados que el Estado debe asumir.
