El Poder Judicial de Cajamarca condenó a más de dos años de pena privativa de la libertad efectiva a una mujer que sustrajó productos de una tienda comercial en dicha ciudad.
La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, en adición a sus funciones como Juzgado Penal de Flagrancia, encontró culpable a María Isabel Yamo Fernández y Giordano Rodríguez Campos, por el delito de hurto agravado, cometido en agravio de una conocida tienda comercial de la ciudad.
En su decisión, la magistrada declaró legal la detención en flagrancia de ambos procesados y aprobó el acuerdo de terminación anticipada, al verificarse que el delito fue cometido de manera conjunta, registrado por cámaras de videovigilancia y corroborado con la inmediata intervención del personal de seguridad y la Policía Nacional.
Como resultado, se impuso a María Isabel Yamo Fernández una pena de dos años y veinticinco días de pena privativa de la libertad efectiva, ordenándose su inmediato internamiento en un establecimiento penitenciario, debido a que registra antecedentes penales previos, lo que impedía un pronóstico favorable para la suspensión de la pena.
Mientras que el imputado, Giordano Rodríguez Campos fue condenado a dos años y veinticinco días de pena privativa de la libertad suspendida, quedando sujeto al cumplimiento de reglas de conducta por el periodo de prueba establecido.
Asimismo, la jueza ordenó el pago solidario de una reparación civil ascendente a 200 soles, además de disponer las medidas correspondientes para el control y seguimiento del sentenciado que cumplirá condena en libertad.
Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2025, cuando ambos ingresaron a una tienda del centro comercial, donde sustrajeron diversos productos del área de cuidado personal, los cuales ocultaron entre sus pertenencias. La acción fue advertida por el sistema de videovigilancia, permitiendo su intervención inmediata y recuperación de los bienes sustraídos.
Este caso constituye uno de los procesos resueltos bajo el modelo de flagrancia, que permite una respuesta rápida y eficaz del sistema de justicia frente a delitos cometidos en evidente situación delictiva, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la celeridad procesal y la seguridad ciudadana.
