El premier advierte que el Ejecutivo promulgará la ampliación del registro minero únicamente si el texto final mantiene la extensión por un año y ratifica la exclusión de decenas de miles de informales
El primer ministro Ernesto Álvarez dejó en claro que el Gobierno firmará la ley que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) solo si la autógrafa respeta dos condiciones innegociables: una prórroga de un año y la ratificación de que más de 50 mil mineros informales quedan fuera del proceso. La advertencia llegó después de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara en segunda votación la extensión del Reinfo hasta diciembre de 2026.
El Ejecutivo marca líneas rojas
Álvarez rechazó versiones que acusaban al Gobierno de no tener postura definida sobre el tema. «El Ejecutivo tuvo el planteamiento que se alcanzó al Congreso desde un primer momento», declaró el premier ante los medios en el Congreso. Calificó estas versiones como «desinformación» y remarcó que el Estado no puede legitimar actividades de quienes pretenden usufructuar territorios sin derecho alguno.
El titular de la PCM enfatizó que existe una minería artesanal genuinamente interesada en formalizarse. Por eso el Gobierno aceptó no mantener una línea completamente cerrada. Sin embargo, trazó límites claros: la extensión debe ser por un año, no más. Y los 50 mil mineros excluidos del proceso no pueden reingresar.
Congreso respalda la postura oficial
La Comisión Permanente aprobó el texto sustitutorio con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. El debate transcurrió sin mayores sobresaltos. El dictamen ratifica la exclusión de los mineros que hoy operan en situación ilegal y reduce la ampliación de dos años a uno, tal como exigió el Ejecutivo en su oficio al Congreso.
El Pleno ya había respaldado esta iniciativa el 4 de diciembre con 60 votos a favor. Tras esa primera votación, el presidente José Jerí manifestó estar «preliminarmente conforme» con el dictamen. Ahora, según el artículo 108 de la Constitución, el mandatario tiene 15 días útiles para promulgar la norma una vez reciba el documento final del Congreso.
La decisión mantiene abierta la puerta a la formalización de pequeños mineros sin comprometer territorios ni legalizar operaciones ilegales. El Gobierno cierra así cualquier posibilidad de que la ampliación se convierta en un salvavidas para quienes fueron excluidos por incumplir requisitos básicos.
