Trece laboratorios y distribuidores fueron multados por Indecopi con S/539 millones tras coordinar ilegalmente para inflar precios de medicamentos en licitaciones públicas durante 14 años.
Pese a estar bajo investigación, ocho de estas compañías obtuvieron contratos estatales por S/780 millones entre 2024 y 2025
Trece empresas farmacéuticas que se coordinaban ilegalmente para repartirse licitaciones estatales y vender medicamentos sobrevalorados al Estado fueron sancionadas por Indecopi con multas superiores a S/539 millones. El cártel, autodenominado “El Club”, operó entre 2006 y 2020 en 23 licitaciones, usando códigos como “intercambio de figuritas” para ocultar sus negociaciones.
Lo más grave: mientras eran investigadas, ocho de estas empresas siguieron contratando con el Estado y recibieron adjudicaciones por S/780 millones entre 2024 y lo que va de 2025. Once del total cobraron efectivamente S/651 millones en ese periodo, según datos oficiales.
EL NEGOCIO DE
LA COLUSIÓN
Las conversaciones de WhatsApp entre ejecutivos de Laboratorios Portugal y Medifarma revelan la mecánica del fraude. Nataly Llanos Torres escribió a su superior sobre coordinar
con Gabriel Apéstegui Castro, de Medifarma, para repartirse medicamentos en subastas del Ministerio de Salud. La comisión del Indecopi revisó correos, chats y archivos de Excel que confirmaban los acuerdos para lucrar con tratamientos oncológicos, antibióticos y suplementos contra la anemia.
El grupo incluye Medifarma, Laboratorios Portugal, AC Farma, Distribuidora Drogueria Sagitario, IQ Farma, B. Braun Medical Perú, Laboratorios Americanos, Teva Perú, Laboratorios Unidos, Lansier, Pereda Distribuidores, Pharmagen y OQ Pharma. Las ganancias ilícitas ascienden a más de S/184 millones en licitaciones valoradas en
S/6.000 millones. Cinco ejecutivos fueron multados con S/1,4 millones adicionales.
MEDIFARMA,
LÍDER DEL CÁRTEL
La cabeza del negocio es Medifarma, propiedad de la familia Picasso Candamo a través de la Corporación Agro Industrial Progreso. Esta compañía no solo lideró el reparto de licitaciones, sino que en marzo de 2025 distribuyó suero inyectable defectuoso que causó al menos cinco muertes. Pese a ello, ha recibido más de S/1.000 millones del Estado desde
1999, con S/41,7 millones solo en 2025.
Los Picasso Candamo controlan mineras en Áncash como Lincuna y Norcobre, y empresas de alimentos como Danlac. Medifarma incluso tiene uno de los dos permisos para vender tacrolimus al Estado, medicamento esencial para trasplantes actualmente en desabastecimiento. La empresa rechazó la sanción calificándola de carente de fundamentos y anunció apelación.
FAMILIAS PODEROSAS
EN EL FRAUDE
Los hermanos Arriola Colmenares, dueños de AC Farma y Distribuidora Sagitario, tienen vínculos con el comandante general de la Policía Oscar Arriola Delgado: su sobrino es
apoderado de AC Farma. Esta empresa recibió S/195 millones en adjudicaciones
entre 2024 y 2025. El grupo Armejo Yépez, propietario de Laboratorios Americanos, maneja también empresas de alimentos y pecuarias, con S/155 millones del Estado en ese periodo. IQ Farma pertenece a la familia Peirano Castillo, con el excongresista Natale Amprimo Pla como accionista. El Indecopi detectó que, aunque tenía registros sanitarios, se abstenía de participar en licitaciones por coordinaciones previas con el cártel. Entre las extranjeras está B. Braun, subsidiaria alemana que recibió S/606 millones del Estado desde 1999, con récord de S/49 millones en 2025.
IQ FARMA, Laboratorios Americanos, Medifarma y AC Farma concentran más del 70% de los S/651 millones que el Estado pagó efectivamente a once empresas del cártel entre 2024 y 2025. AC Farma fue la más beneficiada con adjudicaciones por S/195 millones, seguida por Laboratorios Americanos con S/155 millones, IQ Farma con S/144 millones y Medifarma con S/144 millones.
Impunidad garantizada
Ni el Ministerio de Salud ni el OECE explicaron por qué siguieron contratando con empresas investigadas por prácticas ilegales. El Minsa anunció acciones civiles por daños, pero no confirmó si las formalizó. Esta pasividad reproduce el patrón de otros casos como el cártel del papel higiénico y el de las imprentas. El sistema de compras públicas está obsoleto y favorece estas maniobras, pero actualizarlo no está en la agenda oficial. Mientras tanto, las empresas tienen hasta el 15 de diciembre para apelar, perpetuando la impunidad de un gran empresariado que opera con total libertad sobre la salud pública.
