La ATU canceló de forma permanente las habilitaciones de los fiscalizadores municipales e iniciará acciones legales contra funcionarios responsables
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso fin al convenio de cooperación con la Municipalidad de Ate luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) detuviera a siete inspectores de transporte acusados de integrar la banda delincuencial «Los Elegantes de Lima Este». La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) canceló de inmediato las habilitaciones de los implicados. Además, procederá a iniciar las acciones legales correspondientes contra los funcionarios municipales que resulten responsables.
El convenio que terminó en escándalo
La ATU había firmado un convenio de cooperación interinstitucional con el municipio de Ate para fortalecer la fiscalización y promover un transporte formal en beneficio de los ciudadanos. Como parte del acuerdo, la ATU capacitó y acreditó al personal designado por la municipalidad para realizar labores de fiscalización dentro de su jurisdicción, en coordinación con la PNP.
El convenio permitía que los inspectores municipales ejercieran funciones de control sobre el transporte público en el distrito. La operación policial desarticuló a la banda «Los Elegantes de Lima Este», que operaba desde las mismas oficinas municipales.
Cancelación inmediata de habilitaciones
La ATU actuó de forma inmediata tras conocerse la detención. Las habilitaciones para ejercer las labores de fiscalización fueron canceladas de manera permanente. La medida busca evitar que estos funcionarios puedan volver a ejercer cargos de fiscalización en el transporte urbano.
Los siete inspectores detenidos habrían utilizado sus cargos para beneficiar a una organización criminal. Este caso expone las vulnerabilidades de los mecanismos de fiscalización cuando no existe un control adecuado sobre quienes ejercen estas funciones.
Acciones legales en curso
La ATU anunció que iniciará las acciones legales que correspondan contra los funcionarios de la municipalidad que resulten responsables. La entidad no especificó quiénes serían investigados además de los siete inspectores detenidos.
Este escándalo pone en evidencia los límites de la cooperación interinstitucional cuando falla la supervisión interna. La ATU había confiado en el municipio de Ate para designar personal idóneo. Los hechos demuestran que esa confianza no fue suficiente para prevenir la infiltración delictiva en las funciones de fiscalización del transporte.
