El reconocido empresario Fernando Pazos Huayamares ha decidido desmarcarse públicamente de posibles actos de corrupción. Lo hace en un extenso comunicado dirigido al Fiscal de la Nación Tomás Gálvez, a la Fiscalía de Control Interno del Ministerio Público, a las máximas autoridades de la Policía Nacional, al Pleno del Congreso y a la prensa.
Pazos, quien es investigado por la fiscalía por la llamada “Ley del Atún”, asegura que después de tres largos años y casi al final de la investigación preliminar, aún no ha declarado frente al fiscal Cruyff Martínez Quispe. Afirma que, a insistencia suya, recién ha sido llamado a brindar su versión sobre los dichos de los colaboradores eficaces, quienes no serían otros que Sada Goray, su empleada doméstica, su chofer y su guardaespaldas. El empresario califica de “alarmante” que el fiscal Martínez haya corroborado los testimonios de Goray únicamente con personas subordinadas a ella.
El empresario pesquero continúa los cuestionamientos, al señalar enfático que la llamada “Ley del Atún” no es una ley, sino la modificatoria a un decreto vigente desde el año 2003 y que nadie ha cuestionado su validez técnica, ni su legalidad. Tanto así que el gobierno no la ha derogado. Pazos Huayamares menciona que existe “un solo medio de comunicación” que debería ser incluido en esta investigación por haber mostrado información reservada que solo la colaboradora eficaz pudo haberle proporcionado. “Esta periodista versa su narrativa día tras día sin sustento, solo con el afán de comercializar su versión, aprovechándose de su poder mediático” indica.
En el comunicado que lleva su nombre y documento de identidad, termina exhortando al Ministerio Público que corrija posibles actos irregulares e investigue correctamente, como debe hacerse en un Estado de derecho.
