DINA BOLUARTE PUBLICÓ UNA COLUMNA el 8 de diciembre reivindicando su gestión y rechazando renunciar, pese a haber dejado 50 muertos en protestas, enfrentar múltiples casos de corrupción y ser destituida por el mismo Congreso que la llevó al poder. Ahora pide ser juzgada “con contexto” mientras la Fiscalía avanza en investigaciones por homicidio, enriquecimiento ilícito, organización criminal y tráfico de influencias.
Tres años después de llegar al poder por la puerta trasera, tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo, Boluarte intenta lavar su imagen con una carta donde se presenta como
víctima incomprendida de las circunstancias. La misma mujer que prometió renunciar si tocaban a Castillo, que llegó sin votos suficientes para la vacancia legal del expresidente, que dejó 50 muertos en las calles mientras reprimía protestas, que acumuló escándalos de corrupción con relojes Rolex y joyas no declaradas, ahora reclama reconocimiento por entregar un país estable. El cinismo alcanza niveles insoportables cuando habla de preservar instituciones mientras la Fiscalía investiga organización criminal en su gobierno y su hermano purga prisión preventiva por tráfico de influencias.
LA TRAICIÓN
COMO EXCUSA
Boluarte construye su defensa sobre la narrativa de la traición y el abandono. Dice que gobernó sin partido, sin bancada, sin aliados, caminando sobre terreno minado. Omite
convenientemente que traicionó primero: a Perú Libre que la llevó a la vicepresidencia, al programa de gobierno que juró defender, a Castillo a quien prometió lealtad. Cuando
le convenía quedarse en Palacio, las promesas se evaporaron y abrazó al mismo Congreso que no reunió los votos necesarios para vacar constitucionalmente al presidente.
La exmandataria reconoce errores de comunicación y escucha, pero los diluye en un mar de justificaciones sobre crisis heredadas y contextos adversos. Habla de hostilidad nunca vista en democracia, de sectores que apostaron por la desestabilización. No menciona que esa hostilidad surgió cuando las fuerzas del orden abrieron fuego contra manifestantes en
Ayacucho, Puno, Apurímac y otras regiones. No habla de los 50 muertos que carga su gestión entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
EL MAQUILLAJE
ECONÓMICO
Mientras el país sangraba en las calles, Boluarte afirma que trabajaba silenciosamente en mantener la estabilidad macroeconómica. Menciona obras en carreteras, puertos, protección de ríos y bosques. Dice que blindó las finanzas públicas y preservó la confianza de inversionistas extranjeros. El discurso técnico pretende ocultar que ningún indicador financiero justifica la represión ni compensa las vidas perdidas.
Su columna insiste en que esta labor de fondo, lejos de los focos mediáticos, evitó que el país cayera en un pozo más profundo.
Habla de medidas para mantener a Perú como destino confiable para el capital foráneo, de predicción pese a la inestabilidad. Pero las encuestas la desmintieron rotundamente: Ipsos le otorgó apenas 4% de aprobación en septiembre de 2025. Para la mayoría de peruanos, su periodo quedará marcado por las muertes, los escándalos de corrupción y la traición a sus principios, no por supuestos logros macroeconómicos que solo ella celebra.
LA RENUNCIA QUE
NUNCA LLEGÓ
Boluarte sostiene que renunciar hubiera sido irresponsable y popular pero peligroso para la institucionalidad. Califica esa salida como facilitadora de confrontación en lugar de legalidad. El argumento es obsceno viniendo de quien llegó al poder mediante una vacancia sin los votos requeridos, aprovechando el caos generado por el autogolpe fallido de Castillo.
Ella misma declaró antes de asumir que si intentaban sacar al presidente, renunciaría. Cuando llegó el momento, se aferró al sillón presidencial con todas sus fuerzas.
El 10 de octubre de 2025, el Congreso la destituyó con 121 votos usando el mismo artículo de incapacidad moral permanente que permitió su ascenso.
La ironía es perfecta: el instrumento político que la empoderó terminó expulsándola. Ahora la Fiscalía mantiene cuatro investigaciones abiertas contra ella
por homicidio calificado, enriquecimiento ilícito, organización criminal y complicidad en tráfico de influencias de su hermano Nicanor, quien permanece en prisión preventiva desde
mayo de 2025. DINA BOLUARTE enfrenta investigación fiscal por las 50 muertes registradas durante protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, por relojes Rolex y joyas de lujo no declaradas que configurarían enriquecimiento ilícito, por presunta organización criminal en el caso “Los Waykis en la sombra”, y por tráfico de influencias
vinculado a su hermano Nicanor. Su aprobación cayó a 4% según Ipsos, marcando uno de los niveles más bajos en la historia presidencial peruana. El Congreso la destituyó con el mismo mecanismo que usó para llegar al poder.
El cinismo como legado
Publicar esta columna justamente el 8 de diciembre, cuando Perú ya tiene presidente interino y ella acumula cuatro carpetas fiscales, revela un nivel de desconexión con la realidad insultante. Boluarte pretende que su gestión sea evaluada con contexto, pero el contexto la condena: llegó por irregular, traicionó a quienes la llevaron, reprimió hasta matar, se corrompió con lujos no declarados, protegió a su hermano traficante de influencias. Ahora pide comprensión histórica cuando la historia ya la juzgó y la encontró culpable en las calles, en las encuestas, en el Congreso y pronto en los tribunales. La estabilidad que dice haber entregado es solo el silencio que queda después de la represión.
