La suspendida fiscal de la Nación acusa al Legislativo de someter a los fiscales y cuestiona el silencio del Poder Judicial ante lo que califica como un ataque directo a la autonomía institucional.
El Congreso inhabilitó por una década a Delia Espinoza para ejercer cargos públicos. La suspendida fiscal de la Nación respondió con duras críticas contra el Parlamento, al que acusó de concretar «la toma del Ministerio Público» mediante «una fechoría tras otra». Espinoza sostiene que la sanción responde a su negativa de entregar el cargo a Patricia Benavides cuando esta última fue destituida.
La inhabilitación como mensaje de sometimiento
Espinoza interpretó la decisión parlamentaria como una señal directa hacia todos los fiscales del país. «Si se me está juzgando por un hecho que materialmente no he cometido, eso significa un mensaje directo a todos los fiscales para que se sometan, para que tengan miedo», declaró. La fiscal suprema vinculó su inhabilitación con su resistencia a acatar órdenes de renunciar voluntariamente al cargo de fiscal de la Nación. Según su versión, el Congreso buscaba que ella misma entregara el puesto a Benavides tras la destitución de esta última.
La funcionaria presentó el caso como un golpe contra la institucionalidad del Ministerio Público. Llamó a los fiscales a defender la autonomía de la entidad, no por ella como persona, sino por el principio institucional que representa.
Críticas al Poder Judicial y advertencia de control parlamentario
El cuestionamiento de Espinoza se extendió hacia el Poder Judicial y su presidenta, Janet Tello. «El Poder Judicial sigue manteniendo un silencio que no le hace bien a la democracia», afirmó la suspendida fiscal. Criticó especialmente la falta de pronunciamiento de la autoridad judicial responsable de garantizar la legalidad en el país.
Espinoza advirtió sobre la posibilidad de que el Congreso acelere decisiones en su contra, desafiando una orden judicial previa que detuvo un procedimiento disciplinario. Este escenario, según ella, evidenciaría que el Poder Judicial «pareciera que también está bajo el control de los intereses parlamentarios». La fiscal trazó así un panorama donde el Legislativo habría subordinado tanto al Ministerio Público como al sistema judicial.
