El Consejo de Ministros autorizó el traslado desde Argentina por narcotráfico. Cubas aceptó el procedimiento simplificado de entrega.
El gobierno peruano aprobó la extradición de Joseph Freyser Cubas Zavaleta desde Argentina para enfrentar cargos por tráfico ilícito de drogas agravado. La decisión del Consejo de Ministros se produjo después de que las autoridades argentinas confirmaran su consentimiento mediante nota diplomática del 14 de octubre de 2025. Cubas, conocido como «Señor Jota», aceptó el procedimiento simplificado de entrega. Mientras tanto, enfrenta una investigación separada en Argentina como presunto autor intelectual del triple feminicidio de tres jóvenes ocurrido en septiembre de 2025 en Florencio Varela.
El caso de narcotráfico
La Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas emitió un informe técnico favorable. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema respaldó la medida mediante resolución consultiva. El pedido original provino del Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia del Callao.
Según la documentación del caso, Cubas entregó una maleta con droga a Yajaira Luz Santiago Ascencio, quien ya fue sentenciada por estos hechos. La acusación señala que Cubas ofreció pagarle 5000 euros para transportar la sustancia desde Lima hacia Madrid. Las autoridades incautaron 0.854 kilogramos de pasta básica de cocaína y 3.431 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
Dos procesos simultáneos
El ciudadano peruano no solo responde por narcotráfico. Argentina lo investiga como presunto responsable intelectual del asesinato de tres jóvenes que fueron torturadas, ejecutadas y enterradas el 19 de septiembre de 2025 en Florencio Varela. Este crimen conmocionó a la opinión pública argentina. Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras procesan la extradición hacia Perú.
El gobierno peruano afirmó que esta medida refuerza su compromiso contra el crimen organizado. La administración destacó la cooperación judicial internacional y la acción coordinada entre Estados para garantizar que los acusados enfrenten la justicia.
