Líder del lápiz presenta sólidos argumentos técnicos que desmontan acusación fiscal por lavado de activos
El Poder Judicial evaluará este jueves 27 de noviembre a las 4:00 de la tarde el pedido de Vladimir Cerrón para afrontar en libertad la investigación preparatoria que enfrenta por presunto financiamiento electoral. El juez Leodan Cristóbal Ayala analizará una solicitud respaldada en peritajes contables oficiales, sobreseimientos firmes y jurisprudencia de la Corte Suprema que evidencian la fragilidad de los cargos contra el líder de Perú Libre, quien permanece en situación irregular desde octubre de 2023 en lo que su entorno denuncia como persecución política sistemática.
Peritajes oficiales desmontan la acusación fiscal
La defensa de Cerrón presentó elementos técnicos contundentes que destruyen la acusación fiscal. El Informe Pericial Contable elaborado por la perito Ricardina Vila Bejarano de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional determinó que Cerrón tiene un saldo a favor de 561,220 soles tras examinar sus transacciones entre 2011 y 2014. El documento concluye tajantemente la ausencia de desbalance patrimonial.
Este informe oficial contradice frontalmente la pericia presentada por la fiscalía que sostiene la existencia de un supuesto desbalance. La defensa argumenta que este elemento técnico y objetivo desvirtúa completamente la sospecha grave exigida por el Código Procesal Penal para mantener la prisión preventiva. La Corte Suprema ha establecido en reiterada jurisprudencia que cuando los elementos de convicción pierden consistencia, la prisión preventiva debe cesar inmediatamente.
La situación se agrava para la acusación cuando la propia Procuraduría General del Estado emitió el Informe Técnico D000204-2024 que detecta serios errores metodológicos en las pericias contables elaboradas por los peritos designados por la fiscalía. Este documento demuestra que los informes fiscales son defectuosos y no pueden sostener legítimamente ninguna sospecha grave. Además, la SUNAT realizó una fiscalización definitiva de todos los tributos de Cerrón durante 2020 y verificó la correcta determinación de sus obligaciones tributarias.
Un caso de lawfare contra un líder incómodo
El caso Cerrón se inscribe en un patrón de hostigamiento judicial contra líderes políticos de izquierda en el Perú. La Corte Suprema revocó en marzo de 2025 la condena por el caso Aeródromo Wanka que pesaba sobre el exgobernador de Junín. El Tribunal Constitucional anuló otra sentencia vinculada al caso La Oroya. Estas resoluciones demuestran la fragilidad jurídica de las acusaciones contra el líder del lápiz.
A pesar de estas absoluciones, el sistema judicial mantiene vigente un requerimiento de prisión preventiva por el caso Los Dinámicos del Centro. Esta investigación lo acusa de liderar una organización criminal sin presentar pruebas contundentes. La persistencia de esta medida revela una voluntad política de mantener a Cerrón alejado del escenario electoral.
La defensa presentó dos resoluciones judiciales firmes que sobreseyeron investigaciones por lavado de activos contra Cerrón en periodos que coinciden con la actual acusación. Una resolución del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo sobreseyó el periodo 2011-2014. Otra resolución del Sexto Juzgado sobreseyó el periodo 2007-2017 y fue declarada consentida en septiembre de 2025. Estos sobreseimientos configuran cosa juzgada respecto a gran parte del periodo investigado.
Sin testimonios incriminatorios ni pruebas directas
La fiscalía recepcionó múltiples testimoniales durante la investigación preparatoria que concluyó el 11 de noviembre. Entre los testimonios figuran Sharon Velásquez, Aurelio Baltazar, Ida Canahualpa, Marco Pino, Silvia Castillo y Sonia Villavicencio. Ninguno de estos testigos señaló a Cerrón como autor directo ni indirecto de los delitos investigados.
La ausencia de testimonios incriminatorios debilita aún más la acusación fiscal. Los testigos son personas que presenciaron los hechos y su declaración constituye elemento fundamental en la investigación penal. La fiscalía no logró construir un caso sólido basado en testimonios directos que vinculen a Cerrón con los supuestos delitos.
Especialistas en derecho electoral confirman que Cerrón está legalmente habilitado para postular en las elecciones de 2026. No figura en el registro de reparaciones civiles ni tiene inhabilitaciones del Congreso. La ausencia de sentencias firmes lo mantiene dentro del marco legal para competir electoralmente. Esta habilitación contrasta con la situación de otros políticos que enfrentan acusaciones con mayor sustento probatorio y gozan de libertad plena.
La marcha de sacrificio exige justicia
Mientras Cerrón presenta sus argumentos legales, su madre Bertha Rojas encabeza una marcha de sacrificio desde Huancayo hacia Lima. Más de 280 militantes recorren las alturas andinas para exigir el cese de lo que consideran una persecución orquestada desde el poder judicial. La movilización convierte la travesía en un gesto de resistencia popular que busca demostrar el respaldo militante al proyecto político de Perú Libre.
El pronunciamiento del juez Ayala en los próximos días definirá si Cerrón puede afrontar el proceso en libertad. La decisión tendrá implicancias políticas directas en el escenario electoral que ya se configura para 2026.
EL DATO
Vladimir Cerrón fundamenta su pedido en el artículo 255 del Código Procesal Penal que permite modificar la prisión preventiva cuando varían los supuestos que la justificaron. La defensa sostiene que tres peritajes oficiales del Estado desmienten el desbalance patrimonial alegado por la fiscalía, mientras sobreseimientos firmes archivaron gran parte del periodo investigado. La audiencia de este jueves definirá si el líder de Perú Libre recupera su libertad.
