El Ministerio del Interior, a través del Proyecto Corah y la Policía Nacional, destruyó cultivos en cinco regiones y desarticuló laboratorios clandestinos que habrían producido 313 toneladas de cocaína.
El Ministerio del Interior erradicó 34 182.14 hectáreas de coca ilegal durante el 2025, superando la meta oficial de 34 123.63 hectáreas. El Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah) trabajó junto a la Policía Nacional del Perú en once ejes operacionales ubicados en zonas vinculadas al narcotráfico. Las acciones incluyeron la destrucción de laboratorios rústicos y la eliminación de almácigos destinados a nuevas plantaciones.
Ucayali concentra la mitad de las intervenciones
Ucayali lideró las operaciones con 17 531.80 hectáreas erradicadas, más de la mitad del total nacional. Le siguieron Huánuco con 9704.13 hectáreas y Loreto con 5078.84 hectáreas. San Martín y Amazonas completaron las cinco regiones donde se ejecutaron las intervenciones, con 1703.98 y 163.39 hectáreas respectivamente. Estos territorios concentran históricamente la mayor producción de hoja de coca destinada al procesamiento de drogas.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que «este avance confirma la importancia de sostener operaciones permanentes contra el narcotráfico. Nuestra gestión fortalecerá este esfuerzo para recuperar cada espacio que hoy ocupa la ilegalidad». Las intervenciones se realizaron en Aguaytía, Tamaya, Madre Mía, Putumayo, Atalaya, Tingo María, Constitución, Caballococha, Huimbayoc, Curimaná y Amazonas.
Destrucción de infraestructura clandestina
Las operaciones abarcaron 10 820 parcelas donde se eliminaron 1345 metros cuadrados de camas de almácigos. Las fuerzas del orden ubicaron y destruyeron cinco laboratorios rústicos clandestinos dedicados a procesar drogas. Según el informe oficial, estas acciones evitaron la producción potencial de 313.14 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína.
El Ministerio del Interior sostiene que mantendrá las intervenciones para debilitar las economías ilícitas y fortalecer la presencia estatal en territorios controlados por el narcotráfico. Las operaciones continúan activas en las regiones donde se concentran los cultivos ilegales.
