La Comisión de Ética modificó una sanción inicial de 120 días de suspensión contra Susel Paredes a una amonestación escrita tras una cuestión previa de Pasión Dávila
La Comisión de Ética Parlamentaria sancionó a la congresista Susel Paredes con una amonestación escrita pública por promover que personas trans usen el baño de mujeres del Congreso durante un foro sobre diversidad. La sanción reemplazó una propuesta inicial de suspensión por 30 días con descuento de haberes, luego de que el parlamentario Pasión Dávila planteara una cuestión previa. El cambio se aprobó con siete votos a favor y cuatro en contra.
Los hechos y la investigación
El 31 de marzo se realizó el evento «Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia» en las instalaciones del Congreso. Las cámaras de seguridad captaron a Paredes guiando a los asistentes al baño. Dieciséis denunciantes señalaron que estos actos generaron incomodidad entre los trabajadores parlamentarios.
El 12 de mayo, la Comisión de Ética aprobó iniciar una investigación contra Paredes con ocho votos a favor, tres en contra y ninguna abstención. La comisión determinó que la parlamentaria vulneró los artículos 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria. El informe señaló: «A efectos de esclarecer mejor los hechos, con la participación en audiencia de la congresista denunciada, la Comisión de Ética considera necesaria iniciar la etapa de investigación […] en consecuencia, se recomienda declarar procedente la denuncia». La recomendación inicial fue una suspensión por 120 días.
La defensa de Paredes
La integrante del Bloque Democrático Popular rechazó las acusaciones. Paredes declaró: «Se me ha acusado de promover el uso de baño de damas de parte de mujeres trans y señalar a trabajadores parlamentarios de violadores y dañar la imagen del Congreso; esto es falso porque defiendo los derechos de todas las personas por igual, eso no es delito, provocación ni amenaza, eso se llama respeto a los derecho humanos».
La congresista aseguró que su comportamiento responde a la defensa de derechos humanos. La propuesta original contemplaba una suspensión de 30 días con descuento de haberes, pero la intervención de Pasión Dávila modificó el panorama y redujo la sanción a una amonestación escrita pública.
