La expresidenta destituida por incapacidad moral pide al Congreso activar privilegios vitalicios mientras enfrenta múltiples investigaciones fiscales por las muertes en protestas y otros presuntos delitos
Dina Boluarte, vacada de la Presidencia en octubre por incapacidad moral permanente, presentó al Congreso una solicitud formal para recibir pensión vitalicia y un paquete de beneficios administrativos reservados para exmandatarios. El pedido llegó a la Mesa Directiva mientras enfrenta investigaciones del Ministerio Público por las decenas de muertes durante las protestas de 2022-2023, el presunto uso irregular del vehículo presidencial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, y otros casos vinculados a omisión de funciones.
Una pensión millonaria con cifra por definir
El documento dirigido al presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, invoca el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 78-2016. Boluarte exige que el Parlamento active de inmediato una pensión mensual que oscilará entre 26 mil y 35 mil soles. La cifra final depende de la evaluación del Consejo de Ministros y de que el Congreso ratifique el aumento salarial que ella misma aprobó cuando gobernaba, elevando la remuneración presidencial de 15,600 a 35,568 soles mensuales.
Vehículo, combustible y personal a su elección
La solicitud no se limita al dinero. La expresidenta pide un vehículo oficial para uso permanente y 150 galones de combustible cada mes. También demanda la contratación de un trabajador bajo régimen CAS con salario de 3,700 soles, escogido directamente por ella sin restricciones. Además busca mantener su seguro de salud privado, beneficio que suele otorgarse solo a exmandatarios sin procesos judiciales activos.
Los beneficios pueden mantenerse pese a las investigaciones
Martín Cabrera Marchán, especialista en gestión pública, explicó que las prerrogativas solicitadas podrían mantenerse aunque continúen las pesquisas fiscales. «Solo una acusación constitucional aprobada por el Congreso podría suspender esos pagos, hasta que exista una sentencia judicial no condenatoria», afirmó.
Esta interpretación reactiva el debate sobre la pertinencia de conceder beneficios vitalicios a autoridades destituidas. El Congreso debe evaluar la solicitud en los próximos días mientras las bancadas mantienen posturas divididas y organizaciones civiles exigen una revisión integral de los privilegios otorgados a exmandatarios investigados.
