El Poder Judicial presentó demanda de inconstitucionalidad contra norma que traslada adolescentes al proceso penal regular
El Tribunal Constitucional evaluará este martes 25 de noviembre la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Poder Judicial contra la Ley 32330. Esta norma permite imputar penalmente a menores de 16 y 17 años bajo el proceso penal regular, alejándolos del sistema de justicia juvenil especializado. La demanda cuenta con el respaldo de la Sala Plena del Poder Judicial y fue acumulada con recursos similares de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y el Colegio de Abogados de Ayacucho.
Cuestionamientos a una ley polémica
La jueza suprema Elvira Álvarez lideró la presentación del recurso durante el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica. La magistrada fue directa: la ley responde a un «populismo punitivo» que desconoce principios fundamentales. Álvarez señaló que la norma viola el principio de especial protección a la niñez, el interés superior del niño y la progresividad de derechos.
La funcionaria también denunció que la ley contradice las obligaciones internacionales que el Perú ha suscrito. El país se comprometió a mantener sistemas de justicia diferenciados para adolescentes. Sin embargo, esta norma los traslada al proceso penal común, ignorando que su condición etaria exige un tratamiento especial.
Sistema colapsado y sin respuesta
«Esperamos un desenlace favorable, no para nosotros, sino para desterrar esos propósitos de populismo punitivo y dar la oportunidad a que el sistema de justicia juvenil especializado realmente recobre plena vigencia», declaró Álvarez. Sus palabras apuntan a un problema estructural más profundo.
El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, aprobado en 2017, permanece sin implementarse completamente. Mientras tanto, 3,520 adolescentes están dentro del sistema. La nueva ley agrava esta situación al incorporar a menores de 16 y 17 años al proceso penal regular, diseñado para adultos. Este enfoque punitivo ignora que la adolescencia requiere medidas socioeducativas, no cárcel.
La decisión del TC será clave para definir si el Estado mantiene su compromiso con la protección de la niñez o profundiza políticas represivas sin evidencia de efectividad.
