Bloquea inversiones y estrangula el desarrollo desde 1992, año en que Fujimori le dio la concesión a la empresa china
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Agua, territorio, energía y hasta el puerto: un enclave que atropella la soberanía peruana
Desde 1992, la presencia de la empresa estatal china Shougang Hierro Perú en el distrito de Marcona no ha significado desarrollo local ni bienestar para su población, sino que, según denuncian organizaciones sociales, sindicatos y pescadores artesanales, habría generado una afectación sistemática de derechos humanos (afectándose el acceso autónomo al servicio de agua potable, energía eléctrica y la expansión urbana local), así como, el control abusivo de recursos estratégicos y bloqueo del futuro económico del distrito a través del impedimento de futuras inversiones promovidas por PROINVERSION como son: la construcción del Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, con una inversión proyectada de US$ 405 millones y adjudicado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP); así también del proyecto del ferrocarril Apurímac (Las Bambas) – San Juan de Marcona, que podría poner en valor a cinco yacimientos mineros en una vía de casi 900 kilómetros, comprometiendo una inversión aproximada de
US$ 9,000 millones. Ambos proyectos estarían en riesgo por la acción empresarial negativa y nociva de Shougang que estaría obstaculizando la
construcción de estas nuevas infraestructuras estratégicas para el país pretextando el dominio y uso de su “concesión minera”. Durante más de tres décadas, esta minera china no solo ha mantenido el control del recurso mineral de hierro, sino que ha llegado a ejercer un dominio fáctico sobre el agua potable, la energía eléctrica y el territorio distrital, anteponiendo de manera constante sus intereses como transnacional minera del Estado chino, directamente vinculada al Partido Comunista de dicho país, por encima del interés público, la autonomía local y el desarrollo sostenible de Marcona.
Control del agua potable: un derecho fundamental sometido a la voluntad de una empresa
En Marcona, el acceso al agua potable depende históricamente de infraestructura y decisiones que Shougang controla o condiciona. Lejos
de facilitar la autonomía hídrica del distrito, la empresa ha impuesto restricciones de acceso territorial que obstaculizan la ejecución de proyectos públicos de agua para la población.
Documentos de la propia Municipalidad Distrital de Marcona dan cuenta de cómo, desde septiembre de 2025, Shougang estaría impidiendo el ingreso a la zona de exploración de pozos de agua en la provincia de Caravelí, Arequipa, lugar donde se viene ejecutado el proyecto de la Municipalidad Distrital de Marcona que busca solucionar la problemática del abastecimiento de agua en el distrito. Es importante señalar que, la excavación
de pozos exploratorios comenzó en marzo de 2025, y desde entonces, esta minera china exige unilateralmente autorizaciones y vistos buenos internos de su administración para permitir el acceso de personal técnico a pozos administrados por la Municipalidad en el marco del proyecto de inversión pública “Instalación de los sistemas de agua potable del distrito de Marcona – CUI N.° 2157797”, ejecutado por CESEL S.A. y L&C Mining. Funcionario de la municipalidad distrital de Marcona, indicaron que, a pesar de oficios formales remitidos por la Gerencia Municipal (como los Oficios N.° 045-2025-GM/ MDM y N.° 055-2025-GM/ MDM), la empresa ha mantenido restricciones que retrasan la profundización de pozos y la certificación del caudal de diseño previsto para garantizar agua segura y suficiente a la población, requisito fundamental para que se puedan viabilizar proyectos de vivienda sociales en la localidad.
Esta conducta configuraría, en los hechos, una vulneración al derecho constitucional y fundamental de acceso al agua potable, al subordinar un servicio esencial a la discrecionalidad de esta empresa estatal china que opera sobre territorio peruano.
Apropiación de vías y bloqueo a pescadores artesanales
A ello se suma la apropiación y control irregular de una vía vecinal integrada al eje vial nacional en la franja costera de Marcona, donde Shougang ha instalado tranqueras y restricciones de paso que afectan gravemente a pescadores artesanales y a los integrantes de la Comunidad Pesquera Artesanal del Puerto San Juan de Marcona (COPMAR) constituido por trabajadores y familias dedicadas a la maricultura.
Las organizaciones locales denuncian que esta apropiación de hecho de una vía pública, bajo el argumento de encontrarse dentro del ámbito de la concesión minera, impide también otro derecho constitucional como
es el libre tránsito o desplazamiento hacia las zonas de faenas marinas, encareciendo costos, reduciendo jornadas efectivas de trabajo y afectando directamente el derecho al trabajo y a la subsistencia de decenas de familias marconenses. En un distrito donde la pesca y la maricultura son actividades
históricas y complementarias a la minería, este bloqueo constituye una forma de violencia económica y territorial contra la población local.
Territorio, energía y expansión urbana: un “enclave” que asfixia el futuro
Shougang ha consolidado un modelo de control concentrado del territorio y de la infraestructura estratégica, manteniendo posiciones dominantes en el acceso y uso de áreas costeras clave. Asimismo, estaría obstaculizando la cesión efectiva de hectáreas comprometidas para el desarrollo urbano
de Marcona, acordadas con el Estado peruano durante el gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso; y se le atribuirían posiciones de dominio en el suministro de servicios como agua y energía con impactos directos e indirectos sobre el resto del distrito.
Este esquema refuerza la idea de una “company town”donde la empresa decide, de facto, qué se puede hacer, dónde se puede construir y quién puede circular, condicionando el desarrollo de vivienda, industria local, comercio y actividades no mineras.
Bloqueo a nuevas inversiones estratégicas: puerto y ferrocarril
Marcona podría convertirse en un nuevo polo logístico y minero nacional gracias a dos proyectos de alcance estratégico promovidas por PROINVERSION como son: el Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, llamado a ser uno de los puertos más importantes del país; así
como el Proyecto ferroviario Las Bambas–Marcona, que permitiría conectar la producción minera del sur andino con la costa iqueña, dinamizando empleo, servicios, logística y exportaciones.
Sin embargo, diversos actores locales advierten que Shougang viene obstaculizando la plena consolidación del nuevo puerto y del corredor ferroviario, mediante disputas sobre el uso de terrenos que la empresa sigue considerando parte intocable de su concesión minera. En vez de articularse a
un ecosistema de inversiones complementarias, la administración de la empresa Shougang estaría insistiendo en preservar un enclave extractivo cerrado, incompatible con las necesidades de diversificación productiva y
desarrollo regional.
Llamado al Gobierno Nacional: agenda de “salvataje” del desarrollo local
Frente a este escenario, organizaciones sociales, sindicatos, autoridades locales y comunidades pesqueras de Marcona demandan una intervención directa y decidida del Gobierno Nacional encabezado por el presidente José
Jerí Oré, con una agenda clara de “salvataje” del desarrollo local que incluya, como puntos innegociables la autonomía hídrica para Marcona; cumplimiento inmediato de la cesión de áreas urbanas; garantías para las nuevas inversiones portuarias y ferroviarias; revisión integral de los compromisos de
Shougang. Replantear la relación Estado– empresa: primero el interés
nacional Marcona no puede seguir siendo un experimento fallido de inversión extranjera donde la soberanía territorial, los derechos constitucionales al
agua, libre tránsito, la libertad económica que permita el flujo de capitales (inversión privada), la preservación de un medioambiente saludable y el trabajo digno, queden subordinados a los intereses de una sola compañía minera.
Por ello, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente al presidente José Jerí Oré y al Gobierno Nacional para que replanteen la relación entre el Estado peruano y Shougang, dejando claro que el interés superior de la Nación y los derechos fundamentales de la población de Marcona están por encima de cualquier concesión minera. Y que, ninguna empresa, por más grande o poderosa que sea, puede erigirse en dueña del agua, del territorio, de las vías de acceso y del futuro económico de un distrito entero
violando el fundamento constitucional del bienestar general en el marco del desarrollo nacional.
La historia de Marcona requiere, de una vez por todas, pasar de la subordinación al ejercicio pleno de ciudadanía y soberanía, con un modelo de desarrollo donde el hierro, el puerto, el ferrocarril, el turismo y la extracción sostenible de los recursos hidrobiológicos estén al servicio de su gente y
del Perú, y no al revés. Al respecto, el alcalde distrital de Marcona, Joel
Rosales Pacheco señaló: “El gobierno nacional debe atender con urgencia el llamado de la población y generar las condiciones para recuperar la
soberanía nacional, porque en la práctica Shougang ha establecido una ‘zona territorial liberada’ sujeto a su derecho a la concesión minera que atenta contra los derechos constitucionales al agua potable, administración del territorio por el gobierno local, así como la afectación a la inversión privada necesaria para el crecimiento económico de nuestro país.
Es imperioso que se revise el contrato de concesión de 1992, y que, la Defensoría del Pueblo pueda intervenir para ejercer su función de supervisión en el marco de su Ley Orgánica en protección de los derechos humanos de la población. Marcona no puede seguir ‘secuestrada’ por una empresa estatal extranjera que depende directamente del partido comunista chino y que prioriza sus intereses en contra parte al interés del pueblo peruano. Esto no ocurría con la transnacional norteamericana Marcona Mining Company que durante su permanencia en la localidad hasta el año 1974, fecha que fue estatizada a Hierro Perú, aportó al desarrollo local respetando los derechos humanos de la población” señaló.
