- Se incrementa la participación de excombatientes extranjeros en operaciones auríferas informales.
- Las exportaciones ilegales de oro superan a las formales en 2025.
El Perú continúa liderando la exportación de oro en Sudamérica; sin embargo, este crecimiento se ve acompañado por la expansión de la minería ilegal, reforzada por la presencia de exmercenarios contratados para brindar seguridad y control territorial a organizaciones criminales dedicadas a este negocio.
Según el Ministerio de Energía y Minas, la producción formal a fines del 2025 asciende a 150 toneladas, mientras que las exportaciones superan las 450, evidencia del peso que ha adquirido el comercio ilegal del mineral.
La ONU ha advertido que el uso de mercenarios representa una amenaza para la seguridad global y los derechos humanos, documentando abusos y desestabilización política en varios países. En los últimos años, excombatientes —principalmente latinoamericanos— han sido identificados en conflictos en Sudán, Yemen, Ucrania y otras regiones, vinculados también a redes que abastecen el tráfico ilegal de oro peruano.
El IPE estima que las exportaciones de oro ilegal en 2025 alcanzaron los 12 mil millones de dólares, lo que equivale al 44 % del total sudamericano. Zonas como Madre de Dios, Ayacucho, La Libertad, Cajamarca y Amazonas, con limitada presencia estatal, se han convertido en espacios favorables para estas operaciones.
Expertos señalan además riesgos adicionales en plantas procesadoras como Laytaruma, que opera por encima de los límites autorizados para la pequeña minería, facilitando el blanqueo de oro que luego ingresa a mercados internacionales. La expansión de esta actividad genera pérdidas fiscales y profundos impactos ambientales y sociales.
Frente a este escenario, especialistas y organismos multilaterales coinciden en que el Estado peruano requiere reforzar su capacidad de control, mejorar la trazabilidad de la cadena aurífera y fortalecer la cooperación internacional, con el fin de frenar la infiltración de actores armados extranjeros y reducir la influencia de redes criminales en la economía minera nacional.
