La medida busca proteger a menores que quedan en situación de vulnerabilidad tras perder a su principal sostén económico por la ola criminal
La Comisión de Mujer y Familia del Congreso aprobó un proyecto que garantiza pensión de orfandad a los hijos de trabajadores del transporte público asesinados por la inseguridad, extorsión o delincuencia mientras cumplían sus labores. La iniciativa reconoce la crisis de violencia que atraviesa el sector y busca asegurar el bienestar y continuidad educativa de los menores afectados.
Un respaldo ante la violencia desatada
El predictamen del Proyecto de Ley 12602/2025-CR, presentado por la congresista Ruth Luque, obtuvo amplia mayoría en la comisión presidida por Milagros Jáuregui. La medida responde a la escalada de asesinatos contra transportistas, quienes enfrentan diariamente amenazas de extorsión y crimen organizado. Los hijos de estas víctimas quedan en total desamparo económico de un día para otro.
El beneficio cubre a menores de 18 años y se extiende hasta los 24 años para quienes cursen estudios superiores o técnicos. Esta extensión reconoce que la formación profesional resulta fundamental para romper el ciclo de vulnerabilidad que enfrentan estas familias. La pensión busca compensar, aunque sea parcialmente, la pérdida del sustento familiar.
«El Estado no puede mantenerse indiferente ante este dolor ni las consecuencias sociales de la violencia; detrás de cada víctima hay familias que han quedado desamparadas», sostuvo Jáuregui durante el debate. Sus palabras reflejan una realidad que miles de familias viven cada año en el país.
Más medidas de protección en la misma sesión
La comisión también aprobó por unanimidad el proyecto 11842/2024-CR de Jéssica Córdova, que endurece las sanciones contra quienes expongan o abandonen a niños, adolescentes y personas dependientes en situación de peligro. La modificación del Código Penal cierra vacíos legales que permitían negligencias graves sin castigo proporcional.
Otro predictamen aprobado amplía la definición de desplazados internos para incluir a víctimas de desastres naturales y emergencias provocadas por acción humana. Los proyectos 11635/2024-CR de Katy Ugarte y 13074/2025-CR de Edgard Reymundo permitirán una respuesta estatal más oportuna ante crisis humanitarias.
Finalmente, se aprobó el proyecto 11342/2024-CR de Vivian Olivos, que fortalece la prueba anticipada en casos de trata de personas y delitos sexuales contra menores. Esta medida evita la revictimización y agiliza procesos judiciales que suelen prolongarse años.
