Tras el atentado contra la empresa San Germán, vecinos exigen acciones concretas para frenar la criminalidad. Gremios de transportistas formales anuncian paro de 48 horas si ocurre un nuevo ataque.
La violencia contra el transporte público desató alarma entre los vecinos de San Juan de Lurigancho, quienes reclaman acciones concretas del Gobierno para detener los ataques criminales contra buses. El último incidente ocurrió en San Martín de Porres, donde delincuentes atacaron una unidad de la empresa San Germán. Este hecho dejó al descubierto la vulnerabilidad del sector y la desesperación de miles de usuarios que dependen del servicio.
Paradero cerrado y resguardo policial
El paradero final de San Germán en Jicamarca permanece cerrado este lunes con presencia de efectivos de la Policía Nacional y del Serenazgo. La empresa no ha confirmado si suspendió sus operaciones. Solo se observó una unidad en uno de los paraderos, pero sin pasajeros a bordo. Las puertas del local continúan cerradas mientras el miedo se apodera de los trabajadores del volante.
Los choferes enfrentan riesgos diarios para sostener el servicio de transporte. Muchos han perdido la vida en estos ataques. Sin embargo, las medidas del Estado no llegan o resultan insuficientes.
Reclamos de los usuarios
Una ciudadana expresó su angustia por la situación: «Esto va mal y peor. ¿En qué situación estamos viviendo? Que no hay cuando pare y que haga algo el presidente. Uno sale de la casa pidiendo a Dios que te haga regresar. Y pobrecitos los choferes que nos habilitan la movilidad, corren riesgo bastante».
Otro pasajero cuestionó la efectividad de las acciones oficiales. Señaló que los militares solo salen a prevenir, pero no pueden intervenir. Afirmó que no hay cambios reales y la situación permanece igual.
Gremios anuncian paro de 48 horas
Las empresas de transporte formal en Lima y Callao radicalizaron su postura. Martín Ojeda, vocero del sector, advirtió que realizarán un paro de 48 horas si ocurre un nuevo atentado. El gremio justifica la medida porque el índice de criminalidad no baja y pone en peligro tanto a las empresas como a los usuarios.
Mediante un comunicado, los transportistas exigen control territorial con presencia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. También solicitan el despliegue de bases militares móviles en zonas críticas de la capital y extender el estado de emergencia.
