El 90% de las tierras de comunidades campesinas carecen de georreferenciación, advierten organizaciones, mientras la deforestación minera en Madre de Dios supera las 135.000 hectáreas en 2025. El avance de la minería formal, informal e ilegal ha colocado a buena parte de los territorios de las comunidades campesinas de Perú bajo control ajeno, situación que se refleja con especial gravedad en la provincia de Espinar, donde cerca del 90% de las tierras comunales no cuenta con georreferenciación.
El caso expone la profunda desigualdad en la seguridad jurídica de la tierra en Cusco y en el ámbito nacional, afectando el derecho de los pueblos indígenas a la protección de su territorio.Alejandro Diez, investigador del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (Cisepa – PUCP), planteó desde el inicio que el análisis es resultado de una labor colectiva construida en foros regionales en Cusco, Puno y Pucallpa.
Agregó que la falta de georreferenciación incrementa el riesgo de apropiación de tierras por terceros y limita la defensa ambiental, mientras la fragmentación interna complica la representación y la respuesta colectiva de las comunidades.Por su parte, Pedro Tipula y Miluska Carhuavilca, especialistas del Instituto del Bien Común (IBC), presentaron el estudio elaborado por el IBC para la plataforma Landmark, donde Tipula detalló los desafíos que plantea la dispersión y sobreabundancia de información: aunque existen grandes volúmenes de datos en instituciones como INEI, MIDAGRI o SUNARP, la falta de interoperabilidad y actualización impide tomar decisiones informadas.
SITUACIÓN DE TERRITORIOS
Finalmente, Luis Hallazi coordinador de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, presentó los resultados de utilización de datos geoespaciales de minería en territorios indígenas, donde destacó que los pueblos indígenas albergan reservas clave de carbono y desempeñan un papel fundamental en la protección climática. El 33,7% del territorio está gestionado por comunidades campesinas y nativas con títulos de propiedad, sin embargo, el 16,5% ya ha sido concesionado para minería y de este último, el 35% se superpone con tierras comunales. El corredor vial minero sur afecta a 37 comunidades campesinas y el corredor minero de Madre de Dios a 10 comunidades nativas.
En el caso de Espinar, el 47% del área provincial está bajo concesión minera y apenas el 10% de las comunidades han logrado georreferenciar sus territorios. En la Amazonía este proceso se refleja con igual gravedad; Madre de Dios, el 22% del territorio está concesionado y la deforestación minera ha devastado casi 136.000 hectáreas hasta el 2025.
Esta problemática fue uno de los hechos centrales expuestos durante el diálogo “Datos geoespaciales para la defensa territorial: evidencias sobre los impactos en territorios indígenas”, organizado por la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra el jueves 13 de noviembre en Lima.
La actividad fue organizada por el Instituto del Bien Común (IBC) y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, con el apoyo de la International Land Coalition de América Latina y el Caribe.Debilidad institucional agrava crisis territorial Desde la base comunal, Ronald Boram, presidente de la comunidad nativa San José de Karene (Madre de Dios), advirtió sobre la emergencia en la que se encuentra su comunidad, con cerca del 60% de su territorio afectado, además de los impactos negativos con la contaminación de su territorio y la afectación de la vida y salud de los comuneros. Boram subrayó la responsabilidad del Estado al seguir otorgando concesiones mineras en su territorio, generando conflictos socioambientales que están destruyendo a la comunidad, puesto la división interna debilita la resistencia ante el avance minero. cional.
